La polémica frenó el proyecto de los contratos del HCD Paraná
La Legislatura paranaense sesionó este lunes y estaba todo listo para aprobar la ordenanza que regula y aumenta el equipo de asesores y empleados de concejales, pero la controversia suscitada en estos días postergó su tratamiento.
La Legislatura paranaense sesionó este lunes en el Atlético Neuquén Club.
E
l proyecto de ordenanza de Cambiemos y el Frente Renovador que
crea la categoría de “Personal Transitorio” en el ámbito del Concejo
Deliberante de Paraná bajó este lunes al plenario con dictamen favorable de las
comisiones de Legislación y de Hacienda, pero pasó al orden del día de la
próxima sesión ordinaria.
La sesión de este lunes –realizada en el club Neuquén en el
marco del programa El Concejo en tu Barrio- pasó a un cuarto intermedio y será reanudada
este jueves a las 9.30 en el recinto del Concejo Deliberante, por lo que el
polémico proyecto deberá esperar para ser votado.
La controversia se desató el viernes con un comunicado de la
prensa del Concejo Deliberante, que depende de su presidente, la viceintendente
Josefina Etienot. Allí se consignó que la ordenanza en cuestión “implica un
aumento del personal transitorio ya asignado con el que ya cuenta cada concejal”
y que “el nuevo costo en asesores políticos de los concejales importaría un
gasto de 150 mil pesos mensuales por concejal (…) 27 millones de pesos por año”.
La respuesta de los concejales de Cambiemos –con quienes la
vice está fuertemente enfrentada pese a haber sido electos en la misma boleta-
y del massismo llegó este domingo en la víspera de la sesión en la que debería
haberse tratado el proyecto.
Los bloques asignaron a "un error de interpretación la
difusión equivocada que se hizo desde el Concejo sobre la propuesta" y
aclararon que el proyecto “busca regularizar y transparentar las formas de
contratación”.
Pero no dejaron pasar la oportunidad de devolverle el cruce
a Etienot y pusieron en sospecha la administración de recursos de la propia titular
del Concejo. "Hoy, los recursos se manejan con total discrecionalidad por
parte de la Presidencia del HCD", fustigaron.
En concreto, la iniciativa crea la categoría de "Personal
Transitorio", derogando la ordenanza Nº 7071 del año 1988 que regula la
integración de los bloques políticos de la Legislatura paranaense y establece
el número de secretarios, asesores y auxiliares que asistirán a los ediles.
El proyecto aumenta la cantidad de agentes e implementa un
nuevo escalafón, distinto del Profesional y el Político. A su vez, prevé que
cada bloque contará con un secretario y un auxiliar, que percibirán una remuneración
equivalente al 80 y 50 por ciento, respectivamente, de las remuneraciones que
percibe un concejal y gozarán de los beneficios acordados a los empleados
municipales, a excepción de la estabilidad.
La iniciativa es de Carlos González, Emanuel Gainza, Karina
Llanes, María Marta Zuiani y Claudia Acevedo (Cambiemos); Luis Díaz y Silvina
Fadel (Frente Renovador).
Cruces por el sistema de colectivos
La prestación del transporte urbano de pasajeros en Paraná se llevó la mayor parte del debate de este lunes. El disparador fue la intervención de la titular de la Comisión Vecinal “Santa Lucia”, Alicia Glauser, quien calificó al mismo como “espantoso”.
La referente de la zona cuestionó los nuevos recorridos de las líneas 6 y 10 y agregó que “tampoco hay garitas, no hay señalización y los micros circulan sin respetar las frecuencias previstas, sin ningún tipo de protección para el usuario, en los lugares de ascenso y descenso”.
Las afirmaciones de Glauser recibiron la réplica desde la bancada de Cambiemos. Fue Emanuel Gainza quien calificó que los dichos de la titular de la vecinal “Santa Lucia” están teñidos de un “sello ideológico partidario”, aunque como representante del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) se comprometió a “requerir los informes oficiales ante los organismos pertinentes”.
Desde Frente para la Victoria, Stefanía Cora cruzó a Gainza en defensa de Glauser por “agraviar su calidad de mujer militante en favor de las causas ciudadanas” y definió al legislador oficialista como “pequeño machirulo”.
Por su parte, Cristina Sosa definió que las concesionarias del servicio, el gremio UTA y el gobierno municipal, funcionan como “un tándem que solo privilegia los intereses de las empresas”.
