El juez federal Claudio Bonadío ordenó un procedimiento en la empresa José Eleuterio Pitón SA en el marco de la investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas.
P
olicías federales
llegaron este jueves a las oficinas de la firma José Eleuterio Pitón en Gualeguay con una orden de presentación
para hallar documentación vinculada a la causa por corrupción. La medida se replicó en otras
empresas mencionadas por el financista “arrepentido” Ernesto Clarens.
El procedimiento fue ordenado por el juez Claudio Bonadío en el marco de la
investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas
durante el kirchnerismo, en la que está procesada la ex presidente Cristina
Fernández como jefa de una asociación ilícita que integraban empresarios y ex
funcionarios.
Los efectivos llegaron a las oficinas de la empresa ubicada
en calle Rivadavia 50 de Gualeguay con una orden de presentación destinada a
conseguir información vinculada a la obra pública y sus negocios en el período
comprendido entre 2003 y 2015, según publicó Página Judicial. La misma medida se dispuso para otras setenta
empresas.
El nombre de Pitón había sido aportado por el “arrepentido”
Ernesto Clarens. El financista dijo haber recibido instrucciones de José
Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, para recaudar
dinero de sobornos para financiar campañas electorales, y entregó al juez y al
fiscal Carlos Stornelli una detallada planilla de Excel con los nombres de
alrededor de un centenar de empresas constructoras que pagaban esos sobornos.
En esa planilla aparecían cuatro empresas entrerrianas: Luis
Losi SA, de Paraná, que ejecutó obras por 400 millones de pesos; LP Pietroboni
SA, de Concepción del Uruguay, que realizó trabajos por 200 millones de pesos;
Codi SRL Construcciones, de Concordia, que se adjudicó distintas obras
nacionales por 70 millones de pesos; y José Eleuterio Pitón SA, de Gualeguay, a
cargo de obras por 60 millones de pesos.
A raíz de eso, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia que informe quiénes eran las autoridades de las empresas y que se informara también si integraron uniones transitorias de empresas (UTE) mediante las que hubieran participado de licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015.
Hace unos días, el financista Clarens presentó un escrito al
juez en el que dio más precisiones sobre los representantes de las empresas que
llevaban dinero a sus oficinas y mencionó a Daniel Pitón como su contacto en la
constructora entrerriana. Sin embargo, quien aparece como responsable en los
registros públicos y ante la Cámara Argentina de la Construcción es su hermano,
José Luis Pitón.
Losi, que también aparece en las planillas de Clarens, fue el primer empresario entrerriano “arrepentido”. Su nombre lo había aportado el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. En su declaración el empresario habló de un sistema cartelizado, donde las licitaciones se distribuían de manera coordinada entre empresas y consorcios de obra pública. Lo llamó “el club de la obra pública”, mencionó explícitamente el pago de coimas e involucró, entre otros, a Luis Losi como uno de los habitués en las reuniones donde se repartían las obras.
Las menciones de las empresas entrerrianas en los “cuadernos
de la corrupción” también generaron un tembladeral político. En la provincia,
legisladores de la oposición pidieron al Poder Ejecutivo que informe cuáles son
las obras adjudicadas por el Gobierno de Entre Ríos o el Gobierno nacional,
entre 2003 y 2015, en todo el territorio de la provincia, a las empresas
investigadas. También pidieron conocer los montos de las obras adjudicadas, el
estado de avance y si alguna se encuentra todavía en ejecución.