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l diputado provincial Ricardo Troncoso (Recuperación Radical) será indagado e imputado por la justicia en una audiencia prevista para este viernes, en el marco de una causa por irregularidades en contratos suscriptos en su despacho. El expediente dio origen en Tribunales tras la presentación de un ex empleado del legislador y su apertura posteriormente fue ampliada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los fiscales pudieron determinar que el legislador sustrajo “fondos públicos mediante la suscripción de contratos de obra con el mero objeto de retener para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios”. También se señaló que, en otros casos, la maniobra tendía a que “personas contratadas prestaran servicios personales” para el legislador, que es precandidato a gobernador por el radicalismo.

Troncoso había sido citado a declarar en diciembre, pero presentó un certificado médico y solicitó una prórroga por 45 días, por lo cual su imputación e indagatoria se esperaba para febrero y se concretará este viernes.

Las presuntas irregularidades respecto de los contratos del legislador oriundo de Maciá se conocieron en septiembre a través de un informe periodístico del programa Cuestión de fondo. Luego, un ex empleado del despacho del diputado, Carlos Gabriel Cozzi, formalizó una denuncia penal y el Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de una causa por el presunto delito de peculado.

En una primera instancia, Troncoso se presentó espontáneamente en Tribunales con su abogado, Hugo Gemelli. A la vez, declararon ex contratados que aportaron documentación y audios mediante los cuales los investigadores pudieron determinar que el diputado les exigía a estas personas buena parte de sus haberes mensuales.

El 30 de noviembre la apertura de causa fue reformulada. También se señaló que, en otros casos, la maniobra tendía a que “personas contratadas prestaran servicios personales” para el legislador.

En algunos casos, incluso, según marcaron los fiscales, Troncoso “insertó o hizo insertar falsamente” las firmas de los beneficiarios tanto en contratos como en endosos de cheques, de manera tal de lograr el cobro de las sumas asignadas. Respecto de estos contratos, los montos resultantes “eran íntegramente sustraídos” por el diputado.

El legislador exigía la entrega de montos de entre 12 mil y 16 mil pesos a a l menos ocho personas contratadas entre 2016 y 2018 por montos de entre 10 mil y 26 mil pesos mensuales.

 En otros casos, el legislador propiciaba la suscripción de los contratos, pero no exigía a los beneficiarios la prestación de ningún servicio en el ámbito legislativo, “sino la realización de prestaciones de carácter personal” a favor de sí mismo.

A una mujer mencionada en el expediente, por ejemplo, según determinaron los investigadores, el diputado le exigía a cambio de una parte del monto del contrato realizar “tareas de mantenimiento en el comité radical de Lucas González” y también “cocinar para las reuniones políticas”. En otros casos, los beneficiarios realizaban “los trámites contables del hotel Victoria, ubicado en la localidad de Maciá” o “tareas políticas en el comité radical de Paraná”.

(Análisis Digital)