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a causa, abierta formalmente el pasado 10 de abril, está a cargo de la Fiscal Patricia Yedro, quien ya dispuso una serie de medidas probatorias a fin de sumar información a la investigación penal preparatoria. Una de ellas fue solicitar precisiones a la Municipalidad de Paraná más información sobre los contratos observados por la Policía Federal.

También se requirió información al Tribunal de Cuentas y a la AFIP. Ambos organismos ya remitieron un primer informe, pero se está a la espera de más datos, informaron en Tribunales según registró APF. En el legajo abierto por Yedro aún no hay imputados ni se ha citado todavía a nadie para que designe abogado defensor.

Antecedentes
La documentación preparada por la División Lavado de Activos fue enviada por el Juez Federal Leandro Ríos a tres organismos: Fiscalía, AFIP y Tribunal de Cuentas, a fin de que se investigue “la posible comisión de delitos de acción pública, encuadrables -prima facie-  en los arts. 260 (malversación de fondos), 261 (peculado) o 174 inc. 5 (fraude al Estado municipal) del Código Penal por parte de personas que no tienen vinculación alguna con el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y por lo tanto concurren en forma real con el hecho aquí investigado”, explicó el magistrado en su escrito de remisión. 

El cuerpo de la PFA llegó a esa documentación durante los diversos allanamientos realizados durante el año pasado en la Municipalidad de Paraná, donde secuestró expedientes, órdenes de pago y recibos. 

Estas intervenciones se hicieron por orden de Ríos, en el marco de la causa por narcotráfico que involucra al Intendente Varisco; al concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y a la funcionaria Griselda Bordeira y otros por sus vínculos con la banda narco que dirigiría Daniel “Tavi” Celis, cuyas audiencias comenzarán en el mes de septiembre.