E

l balance del gobierno nacional de la firma del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea parece ser 100% positivo. Algunos sectores lo valoran pero admiten que puede acarrear dificultades y moderan su entusiasmo hasta ver la letra chica. Así es el caso de las pequeñas y medianas empresas, o en particular de la citricultura entrerriana, por ejemplo.

Además, conforme se analiza la realización concreta del intercambio libre de aranceles, surgen dudas en diversas materias, como la medioambiental. Andrés Domínguez, docente de Comercio Exterior en la Universidad de Belgrano y director de RED consultora, explicó que respecto del cuidado del medio ambiente y la calidad de los alimentos, el acuerdo dice que las normas que rigen para los alimentos en Europa serán "aplicadas sin excepción a todas importaciones que entren desde el Mercosur”.

En una nota de La Nación que puede leerse completa en la sección Entre Ríos en los medios nacionales, el abogado señala que “los estándares de la Unión Europea no serán relajados de ninguna manera" y señaló que la UE aplica el "principio preventivo ambiental", que permite "tomar medidas para proteger a los humanos, animales, plantas o el medio ambiente de potenciales riesgos ambientales, aun cuando no exista certeza científica concluyente".

Legislación del "Primer Mundo"

La política medioambiental de la Unión Europea se basa en los principios de “cautela”, “prevención”, “corrección de la contaminación en su fuente” y “quien contamina paga”.

Según se desprende de la información oficial publicada por el Parlamento Europeo, el principio de precaución “es una herramienta de gestión del riesgo a la que puede recurrirse en caso de incertidumbre científica sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o el medio ambiente que se derive de una acción o política determinada”.

Como ejemplo, la UE establece que “en caso de duda sobre los efectos potencialmente peligrosos de un producto, y si las dudas persisten tras una evaluación científica objetiva, pueden darse instrucciones de detener la distribución de tal producto o retirarlo del mercado. Estas medidas han de ser no discriminatorias y proporcionadas, y deben revisarse una vez se disponga de más información científica”. 

Mismo criterio entrerriano

El especialista citado por el diario nacional advirtió que este principio es el mismo que la justicia está usando en Entre Ríos para limitar el uso de agroquímicos. Y es el criterio que cuestionan con dureza desde las organizaciones de productores rurales hasta el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Cabe recordar que, en su visita de campaña electoral previa a las elecciones primarias provinciales del 14 de abril, en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y luego de reunirse con productores, el jefe de Estado denostó la restricción vigente para fumigar cerca de escuelas rurales.

Las distancias ratificadas por el Poder Judicial provincial para aplicar agroquímicos en tierras que lindan con estos establecimientos son de 1.000 metros por vía terrestre y 3.000 por vía aérea.

En aquella conferencia de prensa, en rigor, el mandatario nacional confundió el fallo judicial con una presunta ley y habló de “fertilizantes”.

"Pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial y productiva de la provincia este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales no se puede aplicar fertilizantes", definió el líder de Cambiemos., flanqueado por el entonces candidato a gobernador, Atilio Benedetti, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente con un amparo", añadió.

"El gobierno de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”, dijo Macri en Gualeguaychú.

Precisamente, esa falta de certeza científica no es impedimento, según la Unión Europea, para prohibir la utilización de un producto si hay “dudas razonables” de que puede dañar el medioambiente o la salud de la población.

Pero, además, ese criterio está presente en legislación nacional argentina. En el artículo 4° de la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional se establece el “principio precautorio”.

El mismo ordena: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Disputa judicial y política

Cabe reseñar que la prohibición para fumigar a menos de un kilómetro por tierra y tres por aire de escuelas rurales rige desde octubre del año pasado, cuando se hizo lugar al amparo en tal sentido presentado por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, de AGMER, y el Foro Ecologista.

Aquel fallo llamaba la atención por el vacío legal sobre las distancias y ordenaba a la Provincia legislar sobre la materia.

El gobernador Gustavo Bordet cumplió su parte del requerimiento y dictó un decreto. Pero fijó distancias de apenas 100 metros por tierra y 500 por aire, como están dispuestos a cumplir las organizaciones rurales. AGMER y los ecologistas volvieron a la Justicia y lograron la anulación del decreto.

Incluso la máxima autoridad judicial de la provincia, el Superior Tribunal, falló contra las pulverizaciones a menos de 1.000 y 3.000 metros respectivamente.

Por el momento, el gobierno provincial anunció que buscará ante la Corte Suprema que se permita fumigar con las distancias pedidas por los productores. Y las organizaciones rurales, por su parte, continuarán con las protestas. Este miércoles se convocarán en el Túnel Subfluvial de Paraná en una movilización con respaldo del gobierno nacional.