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e reunió esta tarde, en el recinto de la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa. Fue para tratar el veto total que el Poder Ejecutivo, a través del decreto 2318 del 5 de agosto, hizo al proyecto de ley por el cual se regula el procedimiento de contrataciones del Estado provincial cuando revisten el carácter de “alta significación económica”.

Presidió la Asamblea el vicegobernador Adán Bahl, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri. Estuvieron presentes 45 Legisladores en representación de ambas Cámaras. El de este miércoles fue el tercer llamado previsto en el trámite Constitucional. Los dos anteriores fracasaron por no reunirse el quórum suficiente.

El senador de Concordia, Ángel Giano (PJ), anunció que el bloque oficialista de senadores “acompaña y considera oportuna el veto del gobernador de la provincial al proyecto de ley” y admitió que “se trata de un principio básico republicano. Se promulgan leyes y también se vetan”.

También reconoció que con la ley sancionada y vetada,” más allá del esfuerzo de las Cámaras”, se omitió parte de lo establecido en la Carta Magna y explicó aspectos técnicos sobre el funcionamiento de la Contaduría General y del Tribunal de Cuentas.

El mayor fundamento del veto del gobernador fue que la ley sancionada superponía atribuciones entre el TdC y la Contaduría, al otorgarle más facultades al primero de las que tiene actualmente. Giano concedió que la forma en que fue redactado el artículo 1 del proyecto vetado podría llegar a invadir atribuciones propias de la Contaduría.

El senador agregó que otra omisión de la ley, señalada en el veto, fue no hacer referencia expresa, al momento de definir grandes contrataciones, a las regidas por la ley de obras públicas, y sólo a las reguladas por la ley de administración financiera. “Es una omisión que dejaría fuera de los alcances del control a muchas contrataciones”, puntualizó.

El legislador concordiense adelantó que se está trabajando en un nuevo proyecto de ley sobre el tema, donde “quedará claro el tema de los plazos, por la necesidad de la celeridad de algunos actos en la administración pública”.

“El veto es oportuno, y nuestro bloque va a mantener lo dispuesto por el gobernador, porque las omisiones implican que este proyecto puede verse afectado en su aplicación”, concluyó Giano.

En tanto, el diputado peronista Diego Lara mencionó que el Constituyente, en 2008, al referirse a las contrataciones de Alta Significación, dejó claro que tiene que existir una ley para darle una intervención al Tribunal, “pero para nada puede ejercer control de legalidad, lo tiene que controlar al gasto en forma posterior”.

“No está mal reconocer que nos hayamos equivocado en algunas cosas”, afirmó el diputado y señaló que “tal vez faltó consultar a la Contaduría General de la provincia, para que juntes elaboremos la mejor ley”.

“El decreto nos abre el camino para trabajar en una ley integral del Tribunal de Cuentas, con una nueva integración del organismo”, defendió Lara.

Por último, Lara afirmó que “el sistema está funcionando y Kisser no tiene autoridad ni política ni moral, sin tener una medida integral en esta Argentina que se está derrumbando. Les digo a los legisladores de Cambiemos que es fácil ser bueno, pero es mejor ser justo”, concluyó.

Desde la oposición

“No salimos del asombro”, sostuvo el senador de Cambiemos por el departamento Paraná, Raymundo Kisser y defendió que “los legisladores no nos equivocamos cuando sancionamos esta ley”.

También recordó que el proyecto vetado tiene origen en un decreto que desconoció una acordada del Tribunal de Cuentas referida al artículo 213 de la Constitución Provincial. Es el decreto 820 de 2017, que se comprometió a mandar un proyecto, que fue la base de lo tratado por la Legislatura.

“Nada de lo que dice en el decreto se dijo al momento en que se enviaron los proyectos a la legislatura”, observó Kisser y lanzó que “hay algo que nos llama a sospecha, nos llama la atención de la razón del veto del proyecto”.

“No quieren que se los controle”, advirtió el radical y dijo que la postura del bloque es rechazar el veto. “Vamos a luchar para que al gobierno se lo controle”, insistió.

El diputado Esteban Vitor (Cambiemos-PRO) aseguró que “el proyecto es un buen proyecto y si hay algo que no estaba contenido, estaba la posibilidad del veto parcial”.

El diputado macrista consideró que “el veto es una excusa para evitar el control en las adjudicaciones” y rechazó que con la ley vetada hubiera superposición de funciones en organismos de control constitucional, sino que se trata de “controles con distintas miradas”.

“Es claro que los legisladores apuntaron al principio de coordinación y responsabilidad entre los organismos de control”, sostuvo Vitor.