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a Asamblea Legislativa sesionó este miércoles, luego de dos intentos fallidos convocados por la oposición. El órgano constitucional que reúne a senadores y diputados en el recinto fue citado para tratar el veto del gobernador Gustavo Bordet a la ley de Contrataciones de Alta Significación Económica, que facultaba al Tribunal de Cuentas a intervenir desde el comienzo en expedientes del gobierno provincial que insumieran una gran cantidad de fondos públicos.

El oficialismo impuso la mayoría y ratificó el veto del mandatario. Los senadores y diputados del peronismo se alinearon con los fundamentos del Ejecutivo, que había justificado la anulñación de la ley por las superposiciones de funciones que generaba, al otorgarle al TdC facultades propias y exclusivas de la Contaduría General.

 “La ley contiene omisiones constitucionales que justifican el veto”

Luego de la Asamblea,  el jefe de los senadores oficialistas, Ángel Giano (Concordia), fue el portavoz de la posición mayoritaria. "El Poder Ejecutivo está facultado a ejercer su poder de veto. Así lo dice la Constitución, y es un principio básico del republicanismo. Y en especial cuando una Ley, como está, incurre en errores técnicos que pueden acarrear conflictos entre las funciones de los distintos organismos de control", expresó.

"La ley contiene errores técnicos que obligan a replantearla", agregó el concordiense y rechazó las críticas de la oposición, que entona que Bordet vetó la ley para evitar controles y transparencia en las cuentas públicas. "El gobernador ha dado sobradas muestras de su compromiso con la transparencia, la contención y el control del gasto público. Quien quiera llevar el debate hacia esa zona solamente estará intentando sacar algo de provecho político de una situación desafortunada", advirtió.

Giano explicó que "la ley sufrió muchas modificaciones en el largo trámite legislativo que tuvo, y eso desnaturalizó su espíritu original", y coincidió con lo planteado por el Fiscal de Estado: "el veto es una mera cuestión técnica que para nada mella el compromiso de nuestro gobierno con el contralor de los actos de gobierno".

En ese marco, el jefe de bloque justicialista en la Cámara Alta recordó que "de acuerdo al diseño constitucional entrerriano el control previo de las contrataciones las lleva adelante la Contaduría General, en los aspectos presupuestarios contables y de cumplimiento de la ley de contrataciones; y el control preventivo de legalidad lo lleva a cabo la Fiscalía de Estado".

"El Tribunal de Cuentas es el encargado del control posterior de los actos de gobierno y su consecuente rendición de cuentas", remarcó Giano.

"Desde el Poder Ejecutivo se ha señalado con mucha claridad que de ponerse en práctica esta ley incurriríamos en una superposición y un conflicto entre las funciones de los distintos organismos de control que entorpecería gravemente la concreción de los actos de gobierno", analizó Giano y anticipó un nuevo proyecto: "esto nos obliga a repensar el tema, y una nueva forma que lleve a un diseño más claro, eficiente y seguro de los mecanismos de control", cerró.

“El peronismo entrerriano sigue con la tradición de evitar controles”

Los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron a sus pares del PJ. “Con la excusa de rebuscados argumentos técnicos, el Gobierno buscó impedir que se lo controle y los legisladores lamentablemente decidieron habilitar la posibilidad de que las grandes contrataciones del Estado se sigan realizando de manera discrecional, sin control alguno”, lanzaron.

“Desde el comienzo de su gestión, incluso antes, Bordet realizó permanentes esfuerzos para tratar de diferenciarse de su antecesor Sergio Urribarri, pero decisiones como estas demuestran que son lo mismo, que tienen el mismo modo de proceder y que pretenden actuar con la misma impunidad”, fustigaron diputados y senadores macristas en un comunicado en conjunto enviado a INFORME DIGITAL.

Los legisladores de la UCR y el PRO fundamentaron su acusación aludiendo a “la falta de reglamentación de los organismos de control incorporados en la reforma constitucional hace más de 10 años, como la Fiscalía Anticorrupción, la incorporación de la oposición al Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, entre otros”

“En el peronismo entrerriano un claro interés para evitar poner en marcha estos mecanismos constitucionales de control. Atenta fuertemente contra la calidad institucional”, castigaron desde JxC.

Por último, los diputados y senadores de la oposición repudiaron “el intento de impedir el debate, lo que luego derivó en la imposición de un límite de 10 minutos de tiempo para las intervenciones de los bloques parlamentarios”.

El diputado Alejandro Bahler también se refirió al debate en el seno de la Asamblea Legislativa y acusó a la oposición de "querer obtener rédito político tras el desastre de las últimas elecciones". Además, afirmó que  "Cambiemos y transparencia no deberían estar en la misma oración".

Bahler cuestionó a Cambiemos.

"Son parte de un gobierno que endeudó el país para que unos pocos bancos fugaran la plata al exterior y ahora quieren venir a dar clases de transparencia a la provincia. Estamos ante una nueva actuación de la murga desentonada de Cambiemos. Maestros de decir una cosa y hacer otra. Quieren horadar la figura de un Gobernador que eligió el 58 por ciento de la provincia con argumentos banales y simplistas, desnaturalizando una discusión que es meramente técnica como lo fue este veto", remarcó el legislador.

En ese marco, Bahler abogó por que "podamos avanzar en un nuevo diseño más eficiente y moderno de los mecanismos de control en nuestra provincia. Estoy seguro que ese es el espíritu de nuestro Gobernador, que ha hecho de la transparencia y del control de los gastos una conducta intachable reconocida por la gran mayoría de los entrerrianos", concluyó.