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a jueza María Servini dictó este viernes una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno frenar la entrega de 114.000 subsidios a desocupados. La medida había sido solicitada desde el Frente de Todos, que denunció que con el otorgamiento de los planes se pretende "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".

Los planes iban a beneficiarios de Entre Ríos, así como de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Río Negro, Neuquén, Catamarca y Capital Federal. De hecho, el municipio de Paraná debió emitir un comunicado aclarando la situación. (ver aparte)

Denuncia

El apoderado nacional del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli. Paralelamente, se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó que Sica "se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre".

Primero, fue conocido a partir de noticias periodísticas que daban cuenta de planes sociales por 5.000 pesos en una única vez, y que el mismo iba a ser distribuido por intendentes afines a Macri y la fórmula oficialista. Luego, eso fue plasmado en la Resolución 1117 de la Secretaría de Empleo, la cual no fue publicada en el Boletín Oficial, y con un presupuesto de 570 millones de pesos.

La jueza en su fallo dijo que el otorgamiento de planes "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social".

El bono fue denunciado como un potencial "condicionante" ante la proximidad de las elecciones del 27 de octubre.

Reveses

De esta manera, el gobierno nacional sufre una nueva resolución judicial en su contra a días de las elecciones. El nuevo revés de Servini llega con la Casa Rosada aún golpeada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que prohibió a Nación financiar con fondos coparticipables de provincias las medidas pro consumo o anti-crisis, como la quita del IVA de la canasta alimentaria o la rebaja en el impuesto a las Ganancias.

En el gobierno de Macri consideraron que la Corte actuó por interés político y asociaron con el peronismo a los jueces que fallaron contra la Nación. Esta vez la interpretación política queda debilitada. Es difícil emparentar a Servini con el justicialismo: se trata de la jueza que, por ejemplo, dispuso la intervención del PJ y puso a Luis Barrionuevo al mando. La medida luego se revirtió y José Luis Gioja fue ratificado presidente.