El ex intendente volverá al banquillo de los acusados este lunes por la causa de la Mutual Modelo. Está acusado de defraudar el erario municipal por un expediente, nunca consumado, que beneficiaba a la entidad con adelantos de fondos.
El ex intendente volverá al banquillo de los acusados este lunes por la causa de la Mutual Modelo.
E
l ex intendente Sergio Varisco volverá a sentarse en el
banquillo de los acusados, a partir del 10 de febrero, esta vez por haber
supuestamente beneficiado a una mutual que pretendía un adelanto por descuentos
futuros a empleados municipales.
Junto con Varisco, están acusados el concejal y ex
secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli; y el
presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Miguel Picazzo, por los delitos de
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a
la administración pública.
La fiscal Patricia Yedro adelantó que pedirá que sean
condenados a penas de prisión condicional. En tanto, los defensores han planteado
que la maniobra no constituye un delito e incluso que el pago no se concretó.
Ese será el eje de la discusión que deberán discernir los jueces Gervasio
Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo.
El juicio se desarrollará durante los días 10, 11, 12, 13,
14 y 18 de febrero; y ante el tribunal pasarán 23 testigos, entre ellos, el ex diputado
peronista Gustavo Guzmán, que fue quien presentó la denuncia; el dirigente
gremial Hugo Vásquez; Pedro Comas y Guillermo Caíno, que dirigen mutuales que
operan a través de código de descuento con empleados municipales; así como funcionarios
y agentes municipales.
El ex intendente de Paraná fue condenado el 30 de diciembre
como partícipe necesario en el comercio de estupefacientes, en el histórico
juicio que investigó los lazos entre el gobierno municipal de Paraná durante la
gestión del radical con la banda narcotraficante liderada por Daniel “Tavi”
Celis.
Varisco fue sentenciado a seis años y medio de cárcel, pero
fue confinado a cumplir prisión domiciliaria por su estado de salud, afectada
seriamente el año pasado, primero por una intervención quirúrgica de corazón y
luego por la fractura de cadera que sufrió al ser atacado a golpes en la puerta
de su casa.
La maniobra
El 18 de enero de 2016, apenas un mes después de que Varisco
asumiera como intendente, la Mutual Modelo solicitó un adelanto de 1.500.000
pesos de las retenciones que el municipio haría en los siguientes dos años a
empleados municipales que tenían créditos con la entidad.
La Mutual se comprometió a devolver el dinero en diez cuotas
iguales y consecutivas de 150.000 pesos cada una, y presentó un informe con un
detalle de las cobranzas previstas hasta enero de 2018 por servicios brindados
a empleados municipales, que sumaban en total 5.573.604 pesos.
En ese trámite inicial aparece también la firma de la
concejal María Marta Zuiani, pareja del verdadero mandamás de la mutual, cuya
intervención le permitió ahorrar el pago de los gastos de sellados que requiere
el inicio de cualquier expediente.
Varisco hizo un convenio con la mutual, lo ratificó por
decreto y autorizó el adelanto en un trámite express. Pero surgió un problema.
El contador general, Eduardo Campdesuñé, encargado de realizar el control de
legalidad y emitir la orden pago, planteó algunas objeciones.
Dijo que “no surgen los motivos por los cuales la Asociación
Mutual Modelo de Entre Ríos solicita el adelanto” y recomendó que, en caso de
otorgase, se le solicitara un seguro de caución por el millón y medio de pesos
que pretendía la mutual. Pero dos aseguradoras consideraron “inviable” emitir
una póliza de esas características.
Las intervenciones de Rolandelli
Se pidió entonces un dictamen a la Secretaría Legal y
Técnica, a cargo de Rolandelli, quien opinó que en virtud de que el municipio
“opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta
con el fondo de ayudas económicas aprobado por el CUAD, cuyo monto resulta
suficiente para garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional
del adelanto convenido en concepto de garantía”.
CUAD es la sigla del Centro Único de Autorización de
Descuentos, una oficina creado en el ámbito de la Municipalidad, durante la
gestión de José Carlos Halle, para poner orden en el sistema de descuento sobre
los haberes mensuales que perciben los agentes de planta permanente y
contratados, en pago por préstamos de mutuales y sindicatos.
El trámite siguió adelante, pero la orden de pago, sin
embargo, terminó siendo anulada porque la propia mutual inició otro expediente,
esta vez adjuntando informes contables, los montos que preveía recaudar por
retenciones que haría el municipio a sus empleados y un detalle de cuánto le
debía cada trabajador y cómo se lo pagaría.
La fiscal cree que esa maniobra tuvo por objeto “evitar la
objeción” del contador.
De ese segundo expediente surgió la firma de un convenio,
por el cual se dispuso el anticipo de 1.500.000 pesos; pero fue nuevamente
objetado por Campdesuñé, en virtud del riesgo que existía para el recupero de
los fondos.
La Secretaría de Hacienda, a cargo de Cristina Ruberto,
pidió un nuevo dictamen a Rolandelli sobre cómo proceder y el entonces
funcionario lo dejó “a consideración del DEM (Departamento Ejecutivo Municipal),
considerando que se registran antecedentes de haberse otorgado” adelantos
similares, como fue durante la gestión de Halle.
Se firmó entonces un nuevo convenio y el intendente rubricó
el decreto; pero tampoco se concretó el pago porque el 7 de julio de 2017,
luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (Frente para la
Victoria-Paraná) denunciara la maniobra, se emitió un decreto disponiendo la
desafectación de la partida de dinero.
Estrategias
La fiscal Yedro sostuvo en su escrito de remisión de la
causa a juicio que el anticipo financiero para la Mutual Modelo “encubría una
simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular (la mentada
mutual)” y advirtió que en los convenios celebrados entre el municipio y la
mutual no se consignaban “las fechas de pago de la devolución del dinero
prestado (ni) intereses –en el primer contrato y decreto suscriptos– o
estableciendo una tasa sumamente preferencial en la segunda fase de la
ejecución”.
La defensa tiene una estrategia común y plantea que no se
cometió ningún delito. En eso coinciden los abogados Rubén Pagliotto, que
representa a Varisco y Rolandelli, y Emilio Fouces, defensor de Picazzo.
Por un lado, sostienen que los anteriores intendentes
hicieron operatorias similares, tanto José Carlos Halle como Blanca Osuna; y
plantearán que en el presupuesto municipal estaba contemplado un ítem que se
denomina “adelanto a mutuales”, es decir, se trata de un adelanto de dinero que
ya estaba previsto, dicen.
En cuanto a Rolandelli, que está acusado como partícipe
necesario de la maniobra, sostiene que su función como secretario Legal y
Técnico era “aconsejar jurídicamente al intendente” y “la jurisprudencia
nacional tiene dicho que los dictámenes no son vinculantes, sino que solo
tienen efectos jurídicos dentro de la administración, no frente a terceros”.
De todas maneras, dijo que “el primer dictamen no dice en
ningún momento que se otorgue el adelanto que piden las mutuales, sino que
observa que está garantizado el crédito; y el segundo dictamen dice que queda a
consideración del intendente porque existen antecedentes de haber otorgado
adelantos en otras administraciones”. El ex funcionario enfatizó además que su intervención se
produjo “sobre un hecho consumado, cuando ya se había firmado el decreto y
estaba hecha la imputación del gasto”.
Sobre eso discurrirán las seis jornadas del juicio que
comenzará en unos días.
