Este lunes inició el juicio donde el ex intendente está acusado por haber intentado adelantar fondos municipales injustificadamente a la Mutual Modelo. Fueron los alegatos de apertura con cruces entre Fiscalía y Defensa.
E
l ex intendente Sergio Varisco enfrenta otro juicio, el
segundo, tras haber sido condenado por delitos de narcotráfico. Está acusado
por haber supuestamente beneficiado a una mutual que pretendía un adelanto por
descuentos futuros a empleados municipales.
El juicio comenzó con un contrapunto entre fiscales y defensores, luego de que la procuradora adjunta señalara en el alegato de apertura que la acusación podría tener mutaciones en el devenir del debate.
Varisco está acusado por los delitos de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública. Pero Cecilia Goyeneche no descartó variar esa figura por la de abuso de autoridad y/o peculado, lo que generó la reacción y rechazo de los defensores que invocaron una vulneración del derecho de defensa.
En el banquillo de los acusados también están sentados el ex
secretario Legal y Técnico del municipio, Walter Rolandelli –los defensores
volvieron a pedir que no sea acusado–; y quien era entonces presidente la
Mutual Modelo, Miguel Picazzo.
De acuerdo con la acusación, el 22 de enero de 2016, un mes
y medio después de haber asumido como intendente, Varisco firmó un convenio por
1,5 millones de pesos con la Mutual Modelo, en concepto de adelanto de las
retenciones que el municipio haría en los siguientes dos años a empleados
municipales que tenían créditos con la entidad.
La mutual había solicitado un adelanto de esos fondos para
“paliar la situación financiera” que atravesaba, “originada por los saldos no
cubiertos por los agentes municipales”, según lo consignó en las notas que
presentó al municipio.
Goyeneche aseguró que eso que llaman “anticipo financiero”
es un eufemismo que escondía, en realidad, “un único propósito que era sustraer
dinero de las arcas municipales para beneficiar a un particular” y agregó que
“la crisis financiera alegada por la mutual no aparecía reflejada en la
documentación que presentó” ante el municipio.
El adelanto solicitado por la mutual, sin embargo, no se
concretó porque el contador general, Eduardo Campdesuñé, encargado de realizar
el control de legalidad y emitir la orden pago, planteó algunas observaciones,
principalmente, relacionadas con el recupero de los fondos por parte del
municipio y recomendó que, en caso de otorgase, se le solicitara a la mutual
que presentara un seguro de caución.
Se pidió entonces un dictamen a la Secretaría Legal y
Técnica, a cargo de Rolandelli, quien opinó que en virtud de que el municipio
“opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta
con el fondo de ayudas económicas, cuyo monto resulta suficiente para
garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional del adelanto
convenido en concepto de garantía”.
Su defensor, Rubén Pagliotto, cuestionó la acusación y dijo
que su intervención se produjo seis días después de que el intendente firmara
el decreto autorizando el adelanto. “¿Cómo pudo haber incidido sobre un hecho
consumado?”, se preguntó. “Pero además Rolandelli habla siempre en potencial y
lo deja a criterio de quien fue ungido como intendente”, agregó el letrado.
El trámite siguió adelante, pero la orden de pago, sin
embargo, terminó siendo anulada porque la propia mutual inició otro expediente;
y surgió la firma de un convenio, fechado el 4 de febrero, por el cual se
dispuso el anticipo de 1,5 millones de pesos; pero la Secretaría de Hacienda, a
cargo de Cristina Ruberto, pidió un nuevo dictamen a Rolandelli y éste
respondió que “lo pedido podría (quedar) a consideración del DEM (Departamento
Ejecutivo Municipal) considerando que se registran antecedentes de haberse
otorgado” adelantos similares durante la gestión de Halle.
¿Por qué otro expediente? La fiscal Patricia Yedro cree que
se hizo de ese modo para “evitar todo control administrativo”. Pero el propio
Campdesuñé dijo en su declaración ante el tribunal que “todo expediente que
implique movimiento de fondos debe pasar por la contaduría general, que es la
encargada de emitir las órdenes de pago”.
Lo cierto es que tampoco ahí se concretó el pago y todo el
trámite se anuló.
Los defensores sostienen que no hubo delito, que se trató de
una operación lícita e hicieron hincapié en que no se concretó el pago a la
mutual porque el trámite fue suspendido y luego anulado. Dijeron también que
durante la gestión de José Carlos Halle, entre 2007 y 2011 se concretaron siete
operatorias del mismo tipo; y que en el presupuesto municipal había una partida
denominada “adelanto a mutuales”. Emilio Fouces, defensor de Picazzo, afirmó
que en este caso “se tomaron los modelos realizados en procedimientos anteriores,
de manera que no se entiende por qué aquellos procedimientos fueron lícitos y
este no”.
“Este Ministerio Público Fiscal ha caído en la delito-manía; ven delitos por todas partes. Pero no todo es delito; y hay cosas que no se ven como delito porque no conviene”, disparó Pagliotto en su alegato de apertura.
En su declaración ante el tribunal, el contador Campdesuñé
explicó que la discusión estaba centrada en obtener certeza de que la Mutual
Modelo devolvería los fondos a la Municipalidad –en eso coincidió la ex
secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto– y recordó que la nota presentada por
la entidad “era escueta y no argumentaba sobre los motivos por los cuales
solicitaba esos fondos”; e insistió en que para obtener una mayor certeza, en
un primer momento, se recomendó solicitar un seguro de caución a la mutual,
pero dos aseguradoras rechazaron esa modalidad.
Campdeuñé remarcó que “el dictamen (de Rolandelli) decía que estaba garantizado el recupero de los fondos”; pero en su consideración, “seguía habiendo un riesgo y entonces se pidió que se hiciera una cesión de créditos por parte de la mutual a favor del municipio y que se le impidiera ceder esos créditos a terceros”.
Campdesuñé explicó que el presupuesto tenía asignado un monto en concepto de “adelanto a mutuales” y resaltó que “si no hubiese estado previsto en el presupuesto o el pedido de la mutual excedía lo establecido en el presupuesto, se debió objetar toda la operatoria; por eso nos centramos en el recupero de los fondos”.
La ex funcionaria Ruberto insistió en que “no se discutía si la operatoria era legal o ilegal; lo que hacía ruido era cómo se cancelaba el adelanto” que pretendía la mutual.
(Fuente: Página Judicial)