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l caer la tarde de este viernes ingresó por la Cámara de Diputados el proyecto que modifica regímenes previsionales especiales. La norma había sido prometida por Alberto Fernández, en el marco de la sanción de la Ley de Solidaridad Social, cuando el presidente de la Nación garantizó su tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias.

El proyecto consta de 18 artículos que modifican el régimen previsional especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, como así también el Régimen Especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

El universo comprendido es de 17.600 funcionarios y magistrados en actividad, que aportan en promedio al régimen previsional 32.600 pesos mensuales; y aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos, excluidas las pensiones.

En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos", se argumenta.

En el caso de los diplomáticos, se trata de un colectivo de casi 1.100 funcionarios que aportan en promedio 39.000 pesos por mes; y poco más de 700 beneficiarios que perciben mensualmente un haber medio jubilatorio de 396.000 pesos, sin considerar las pensiones.

La jubilación más alta abonada en este rubro es de 616.476 pesos, lo que equivale a 44 veces el haber mínimo garantizado del SIPA; y a seis veces el haber máximo de dicho sistema.

Reformas

En el caso de los jueces y del Ministerio Público de la Nación, el texto establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años -hoy son 60 años- para hombres y mujeres.

La escala para el aumento de la edad será la siguiente: 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.

Si bien se continúan exigiendo 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes, se establecen tres requisitos adicionales a cumplir en forma simultánea para acceder a la prestación: un desempeño mínimo de 20 años en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público; al menos 10 años continuos o 15 discontinuos en alguno de los cargos específicos citados en el anexo de la ley, siempre que se encuentren en su ejercicio al momento de cumplir los demás requisitos; y el cese definitivo en el ejercicio de su actividad.

El Ejecutivo aclara que “las modificaciones propuestas no afectan derechos adquiridos, ya que rigen para quienes se jubilen a partir de la entrada en vigencia de la ley”.

Otro cambio importante es que el haber inicial surgirá del cálculo del 82% móvil del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas -es decir, los últimos diez años-, y no al 82% del último cargo, como se aplica actualmente.

Por otro lado, se incrementa en siete puntos (7%) la alícuota del aporte de activos. 

“El creciente déficit que exhibe el sistema previsional, que ha alcanzado en los últimos años valores cercanos al 2% del PBI, impone la necesidad de tornar las medidas conducentes a la corrección de tales desequilibrios”, argumenta el proyecto.

Casaretto: “Terminaremos con las jubilaciones de privilegio"

Así lo indicó el diputado nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, luego de que el presidente Alberto Fernández presentara el proyecto. “Consta de 18 artículos, establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años, y el cálculo de los haberes como promedio de los aportes de los últimos 10 años”, resumió el legislador y agregó: “aumenta un 7 por ciento el aporte de activos del Servicio Exterior”.

“Hay jubilados judiciales nacionales con promedio de 289.000 pesos, y que trepan hasta un máximo de 770.000 mensuales. Las jubilaciones de diplomáticos tienen una media de 396.000 pesos, y un máximo de 616.000 pesos mensuales” manifestó el entre rriano.

Y remarcó: “El déficit de estos sistemas para 2020 se estima en 14.000 millones de pesos. La derogación de estos beneficios nos permitirá redistribuir ingresos y ser más solidarios con los que menos ganan”.