E

l gobierno de Entre Ríos permite a la prensa hacer preguntas en forma online en cada una de sus conferencias diarias en las que actualiza la información sobre el coronavirus en la provincia. INFORME DIGITAL envió una pregunta referida a una situación sobre la que hasta ahora no había una respuesta oficial.

Puntualmente, este medio preguntó: ¿Qué medidas van a tomar para los que tienen vencimientos con servicios y vencimientos que dependen de Entre Ríos, como impuestos inmobiliarios y patentes de ATER y energía de Enersa?

La respuesta

Desde el gobierno central, en nombre del gobernador Gustavo Bordet, contestaron por la misma vía, online, que: “en materia económica se está trabajando con el Ministerio de Economía de Nación y con los ministerios de Economía provinciales para tomar medidas homogéneas, es decir que cuando Nación anuncie la prórroga o suspensión de impuestos el gobierno de Entre Ríos también lo hará en la provincia”.

“Se trabaja junto a Nación tanto en Salud, como en materia social o materia económica”, añadió la respuesta oficial.

El tema tiene inquietudes a cientos de miles de contribuyentes no sólo en la provincia sino también en todo el país. Es que el aislamiento social preventivo y obligatorio que decretó el gobierno nacional no permite pagar impuestos ni servicios en forma física en las correspondientes sucursales de empresas y organismos nacionales, provinciales y municipales.

La dificultad puede saldarse en cierta medida con los pagos online, en internet y con aplicaciones. Pero no deja de acarrear problemas que no todos los contribuyentes pueden resolver con la tecnología.

Pero a su vez, quizás principalmente, la cuarentena obligatoria significa otro gran problema: los numerosos sectores de la economía que no pueden producir como lo hacen normalmente, por lo tanto decaen drásticamente sus ingresos, y no pueden afrontar los pagos de impuestos y servicios en los plazos previstos antes del aislamiento.

El tema, que venía generando reclamos a nivel nacional, fue motivo de planteos de la oposición para el gobierno de Bordet. 

Desde el sector de las pymes en los últimos días se multiplicaron los pedidos para el gobierno de Alberto Fernández por un alivio fiscal, con suspensiones y reducciones de alícuotas incluidas.

Al respecto, la Casa Rosada se encuentra estudiando una postergación impositiva de las cargas sociales -en principio se habla puntualmente de aportes patronales- para las pequeñas y medianas empresas.

Mientras tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una “feria fiscal” hasta el 31 de marzo. La medida suspende los plazos vigentes para distintos procedimientos administrativos, como determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización.

Sin embargo, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont se encargó de aclarar que la feria “no implica ninguna modificación ni prórroga sobre los vencimientos de impuestos”.

Desde el gobierno de Fernández se entiende la atención de la crisis económica derivada del Covid-19 con una fórmula de “paso a paso”, dando prioridad a los sectores más vulnerables de la sociedad: así se han dispuesto medidas para jubilados, sectores desocupados beneficiarios de asignaciones, bonos para monotributistas y trabajadores informales, y se avanza en la implementación para empresas de créditos y “repros” para el  pago de sueldos, entre otras políticas.

En ese contexto se espera en algún momento un anuncio oficial de la Casa Rosada referido a los vencimientos de servicios e impuestos nacionales. Según respondió el gobierno entrerriano a INFORME DIGITAL, entonces la Provincia se plegaría a la disposición nacional y haría su propio anuncio local.