Miércoles 08 de abril de 2020
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Política
Echaron a 15 funcionarios de Desarrollo Social

El ministro Daniel Arroyo le pidió la renuncia al secretario de Articulación de la Política Social por la compra de alimentos más caros que los precios máximos establecidos por el Gobierno. Tras el despido fueron renunciados 14 más.

DanielArroyo
El ministro Daniel Arroyo pidió renuncias.

E

l ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social, quien había quedado en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer la compra de alimentos destinados a comedores con sobreprecios. Junto a él también renunciaron todos los funcionarios que dependen de su secretaría, completando un total de quince renuncias, en lo que representa una fuerte señal dentro del Gobierno al escándalo desatado, tras la firme advertencia del Presidente de que no "apañaría corruptos" en su gobierno.  

Calvo fue identificado como el primer responsable de la operatoria en la que se compraron fideos, azúcar, lentejas, aceite, harina y leche en polvo a valores por encima de los "precios testigos" fijados por la Sigen.

El mismo Arroyo admitió el lunes que, "en el caso de azúcar y aceite, los precios están por arriba de los precios fijados", alegando que habían pedido rebajas pero que las empresas "se plantaron".

Uno de los casos más resonantes fue el del aceite, comprado a la empresa Sol Ganadera a $157,80 la unidad de 1,5 litros, mientras que el producto puede encontrarse en Precios Cuidados a $98. En total, la compra de emergencia de alimentos destinada a los comedores y merenderos golpeados por la pandemia fue de más de 530 millones de pesos.

Tras Calvo, los renunciados son Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica; Fabio Frega, coordinador de Planificación de Abordaje Integral; Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano, Ana Barcheta, directora Nacional de Emergencia; Carolina D´Ambrossio, coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa; Florencia Plano, directora de Asistencia Crítica; Agustina Brea, directora de Asistencia Institucional; Gastón Lasalle, directora Nacional de Gestión y Asistencia Urgente; Cristian Escudero, director de Ayudas Urgente, Victor Oviedo, coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales, Ignacio Sabaini, coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes; Gabriel Giurliddo, director de Talleres Familiares y Comunitarios; Federico Ludueña, director Nacional de Articulación Social y Productiva; y Gustavo Cassieri, director de Asistencia para Situaciones Especiales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon que a ninguno de estos funcionarios de segunda línea se les pidió la renuncia, reconociendo que hay entre ellos "gente valiosa y de gran trayectoria en la función pública". 

Con la salida de Calvo y de los funcionarios de su cartera se dan las primeras bajas en el gobierno de Alberto Fernández quien, luego de que trascendiera la compra de alimentos con precios por encima de los máximos, salió a advertir que no "apañaría corruptos" en su gobierno.

Dijo también que se frenaría el pago de los productos que adquiridos a valores mayores a los precios fijados y que, a partir de entonces, el tope para cualquier compra sería el de esos precios máximos.

Entre las empresas que participaron de la compra se encuentran Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL, muchas de las cuales ganaron decenas de licitaciones en los últimos años. En respuesta a algunas de las críticas por el cobro de precios que superaban los "precios testigos", el Grupo L -un conglomerado de empresas que participó de la licitación- emitió un comunicado en el que indicaba que ellos habían sido "invitados" por el Ministerio de Desarrollo Social para participar de la licitación y que el valor cotizado de los productos había sido definido en base a un contexto de escasez y debido al "costo de implementación de una logística de emergencia".

Lo que dice el archivo

Abril, 2020

Como respuesta al escándalo generado, el gobierno emitió un decreto que estableció que en todos los procesos de compra "en los que se hubiera realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento", se procederá a pagar "exclusivamente hasta el monto correspondiente respetando los precios máximos”. La decisión entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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