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espués de la controversia por la compra de alimentos con sobreprecios, el presidente Alberto Fernández se reunió con Luis Pérez Companc, titular de la empresa Molinos Río de La Plata y uno de los empresarios más importantes de la cadena alimenticia. Durante el encuentro, se analizó la posibilidad de que el Estado pueda comprar alimentos “directamente a los productores y sin intermediarios", a fin de distribuirlos en medio de la pandemia por el coronavirus.
Así lo reveló esta tarde el jefe de Estado en su cuenta personal de Twitter, donde recordó que el Poder Ejecutivo “adquiere 12 millones de toneladas de alimentos” que se suelen destinar a comedores escolares y comunitarios, entre otras organizaciones públicas y de la sociedad civil.
La reunión, que se concretó en la residencia presidencial de Olivos, se produjo luego de las fuertes críticas a las compras que realizó el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, con distintas firmas que comercializan alimentos. Aquellas operaciones dejaron a la vista el excedente que se disponía a abonar el Estado por mercadería, con presupuestos que excedían los precios máximos que se ofrecen en las góndolas en determinados productos de la canasta básica.
Tras el escándalo que culminó con el pedido de renuncia de 15 funcionarios, Alberto Fernández ordenó anular esas compras y comenzó a ensayar alternativas para que se garantice el acceso a los alimentos.
Según se informó desde Presidencia, en el cónclave junto al empresario Pérez Compac se abordó la implementación de un sistema con procesos claros y transparentes, que permita que todas las empresas productoras puedan convertirse en proveedoras del Estado. Para tratar ese temario estuvo acompañado por Daniel Arroyo y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.
La empresa Molinos Río de La Plata es uno de los actores principales de la economía argentina y de la región. Fundada en 1902, la empresa emplea a más de 2.800 trabajadores y se dedica a la elaboración de alimentos en 14 plantas industriales, con productos variados como aceites, pastas, fideos, comidas refrigeradas y arroz, entre otros.
Desde el 21 de marzo, el ministerio de Desarrollo Productivo implementó un listado con precios máximos de referencia por provincia, con más de 2.300 productos de consumo familiar en todo el país. El motivo de la decisión del Gobierno nacional apuntaba a retrotraer los precios de productos esenciales al 6 de marzo y fijar una lista de referencia para los consumidores a fin de contener los abuso de precios frente al impacto de la pandemia.
En ese marco, la secretaría de Comercio Interior realizó miles de inspecciones en comercios y supermercados de todo el país junto con la AFIP, los municipios y las provincias. Los operativos de fiscalización generaron roces y cruces con algunos empresarios del sector.
