E

l Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal Laura Cattáneo, presentó el requerimiento de elevación a juicio de la Causa “ATER”, en la que se investigan presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública en compensaciones impositivas a contribuyentes. En la causa interviene la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.

La causa está enmarcada en los legajos iniciados a raíz de una denuncia del entonces director de la ATER y actual diputado nacional Marcelo Casaretto; y de otra promovida por los entonces diputados opositores María Emma Bargagna y Jorge Daniel Monge, junto también al propio Casaretto.

El ex director de ATER y actual legislador nacional celebró este martes la noticia: "El tiempo nos da la razón, después de seis años de trámite de la causa, la Fiscalia del Poder Judicial respaldó la denuncia que realicé en 2014", expresño Casaretto en las redes.

El entonces titular de la tributaria provincial recordó que en 2014 denunció las famosas "compensaciones truchas" de impuestos en perjuicio del Estado Entrerriano, "realizadas a lo largo de 10 años, en varios periodos de gobierno".

"En ese entonces hicimos pagar los impuestos adeudados, les hicimos sumarios a los responsables, y se formuló la denuncia penal", evocó.

"Es la primera vez que el Estado recupera los fondos del fraude, y el juicio oral y público será el más grande de la historia de la Provincia", destacó Casaretto.

El modus operandi

Según la presentación del MPF en la investigación se verificó la entrega de dinero a empleados públicos con funciones en el trámite de compensaciones tributarias, para que por ese dinero insertaran datos falsos que simulaban pagos en los registros informáticos de ATER.

La maniobra disimulaba la verdadera situación fiscal del contribuyente: se restaba de su cuenta la deuda impositiva que tenía, registrándola como pagada e impidiendo su reclamo.

También se verificó la concurrencia del lucro indebido en favor del contribuyente, ya que no necesitaba pagar sus deudas tributarias; y la concurrencia de lucro indebido de los funcionarios y empleados estatales, que cobraban las coimas para cumplir el fraudulento trámite.

Los empleados acusados

Los delitos que se imputa a los acusados son varios, por lo que fueron agrupados y encuadrados en consideración a los que comparten una misma calificación.

A Martínez de Yankelevich, Gaggion, Darío Fabián Barreto y Gustavo Alejandro Gioria se les atribuye simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo (comúnmente llamado coima) en concurso ideal reiterados; así como los delitos de defraudación a la administración pública y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente.

La fiscal Cattáneo sostiene que la diferente calificación obedece a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 26.735 que modifica la Ley Penal Tributaria, que sólo resulta aplicable a los delitos cometidos en el período comprendido entre enero 2012 y junio 2014.

También afirma que "se ha verificado la existencia de todos los elementos del tipo objetivo de cada una de las figuras seleccionadas".

Según la fiscal se acreditó el engaño –cometido a través de la inserción de datos falsos que simulaban pagos en los registros informáticos del fisco provincial- y el error -sobre la verdadera situación fiscal del contribuyente-; entre otras pruebas.

En tanto, a Fabricio Abraham, Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño se los acusa de defraudación a la administración pública y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente.

La Fiscalía afirma que al igual que en el caso de Gaggión, se verifica el engaño con la inserción de datos falsos en los registros informáticos del fisco provinciales que simulaban pagos.

En tanto a Jorge Martin Zuttión se le imputa la comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública en grado de tentativa, en concurso ideal.

A Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti se les imputan simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros y cohecho activo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente; y defraudación a la administración pública y cohecho activo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente.

Los contribuyentes acusados

En otra parte de su presentación la Fiscalía sostiene que como los hechos involucran a distintos contribuyentes, son hechos separados e independientes y realizados en distintos momentos, por lo que juegan las reglas del concurso real.

Están acusados de cohecho activo en carácter de autor y participación necesaria en defraudación a la administración pública en concurso ideal: Miguel Ángel Banega, Carlos Raúl Castro, Diego Raúl Garcia, Viviana Beatriz Ghiggi, Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Marcelo Horacio Longhi, Carlos Alberto María Móndolo, Marcelo Eduardo Móndolo, Alberto Francisco Bonvin, Walter Gilberto Castañeda, Manuel Isauro González, Javier David Koll, José Adrián Kupervaser, Osvaldo Rubén Leiva, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Leonardo Miguel Premarie, Miguel Artemio Waigel y Héctor Juan Tejer.

Además, a Castro, Malleret, Longhi, Carlos y Marcelo Móndolo, y Héctor Juan Tejera se les imputa la figura de forma reiterada, por tratarse de dos o más hechos que concursan realmente entre sí.

Por otra parte, a Hilda Reneé Ancarola, Marta Delfina Ponce, José Miguel Dittrich, Raúl Norberto Premaries y Carlos María Santiago se los acusa de cohecho activo, en carácter de autores, en concurso ideal con participación necesaria en simulación dolosa de pago y adulteración dolosa de registros; así como de cohecho activo en carácter de autores, en concurso ideal con participación necesaria en defraudación a la administración pública reiterados.

Finalmente, la Fiscalía consideró que los actos atribuidos a Rodrigo Sixto Ferreri, Javier Francisco Ramírez, Fulvio Valentín Dapit y Mauro Fabián Neme, encuadran comodelitos de cohecho activo, en carácter de autores, en concurso ideal con participación necesaria en el delito de simulación dolosa de pago y adulteración dolosa de registros.