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a condena al ex gobernador Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública sigue dejando repercusiones.

En este contexto, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos se pronunció al respecto y exigió que se respeten las garantías constitucionales de los acusados en procesos judiciales.

#Comunicado | EL PJ LLAMÓ A RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y RECORDÓ QUE AÚN RESTAN INSTANCIAS JUDICIALES

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— PJ Entre Ríos (@PJEntreRios) April 8, 2022

Además, señalaron, mediante un comunicado, que aún restan instancias hasta llegar a un fallo firme y subrayaron que no deben judicializarse ni la política ni los actos de gobierno.

El texto completo

Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista creemos necesario recordar que el principio de inocencia de las personas no se rompe hasta que un proceso judicial no concluya en un fallo firme. En la causa contra el ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y allegados, aún restan distintas instancias consagradas en nuestra legislación como derechos garantidos, hasta poder arribar a una conclusión.
Desde nuestra fuerza siempre fuimos y seremos respetuosos del principio republicano de división de poderes, y en particular de los fallos del Poder Judicial. No obstante, para salvaguardar el equilibrio de nuestro sistema democrático consideramos imprescindible evitar cualquier camino que conduzca a judicializar la política y los actos de un gobierno electo por el voto popular, independientemente de cual sea el partido gobernante.
Además, vemos oportuno que los funcionarios y funcionarias de todos los poderes se atengan a respetar estos mismos principios, y eviten expresiones que tiendan a condicionar y/o intentar dirigir el accionar en algunas de las otras esferas del Estado, máxime cuando estas fueron elegidas por la voluntad del pueblo.
La Reforma Constitucional del año 2008, que fue fruto del consenso político de las fuerzas mayoritarias de Entre Ríos otorgó rango constitucional a los organismos de contralor que también tienen que ser respetados.
Por último, sostenemos firmemente que la aspiración a representar al pueblo es un derecho del que goza toda la ciudadanía. Todos los poderes del Estado están llamados a preservarla a fin de dar lugar a la libre participación. Para ello es prioritario distinguir los juicios políticos-electorales de aquellos que puedan ser reprochables jurídicamente, a fin de no limitar el ejercicio democrático de los entrerrianos y de las entrerrianas.