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ras varias audiencias desarrolladas, este martes los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta leerán el adelanto de sentencia en el marco del juicio oral y público por el delito de peculado contra tres ex funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Sin embargo, de los tres imputados sólo dos han sido acusados por los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, ya que luego de la recolección de pruebas decidieron solicitar la absolución de Mario Heyde, quien era sub-director de la DPV. Por su parte, contra Jorge Rodríguez (ex titular de la DPV) y Néstor Kemerer (ex director de Mantenimiento y Suministro de la DPV) recayó la acusación fiscal con pedido a cuatro años de prisión efectiva. La defensa solicitó la absolución de los tres acusados. Se investigó el "desvío" de más de cuatro millones de pesos para la creación de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz. La lectura de sentencia se dará este martes a las 9 horas.

El proceso de creación de la escuela Heraclia Ruíz Díaz terminó en un juicio oral que comienza a finalizar este martes. La institución que originalmente formó parte de las estructuras de la DPV y que ahora es propiedad de una asociación civil denominada Los Viales, fue la respuesta que Rodríguez y Kemerer encontraron a la demanda de los padres del jardín maternal Los Vialcitos, quienes solicitaron la ampliación a la educación inicial debido a las dificultades para encontrar banco en la zona. 

El proyecto institucional fue presentado el 17 de octubre del 2013 y aprobado en tiempo récord por el Consejo General de Educación (CGE) con el objetivo de que la escuela abra sus puertas durante el año 2014. La celeridad del gobierno provincial para autorizar la escuela se basó en la falta de bancos pero generó una serie de irregularidades: el proyecto de la DPV debía ser completado ya que no estaban todos los requisitos cumplidos. No obstante, el CGE aprobó la iniciativa y a partir de allí comenzó a demandar el cumplimiento de los puntos faltantes. 

Tal es así que ante un plan de lucha de los docentes de AGMER y el paro que impedía que el gobierno haga el acto político de iniciar las clases en una escuela pública, fue la Heraclia Ruíz Díaz la institución elegida por las autoridades gubernamentales para dar inicio al ciclo lectivo 2014. 

La resolución 240 del CGE establece cuales son las organizaciones competentes para la creación de una escuela y dentro de ellas no estaban incluidos los órganos autárquicos como la DPV. Con la escuela ya en funcionamiento, desde el CGE se instó a las autoridades de la DPV a que creen una asociación civil sin fines de lucro con el objetivo de que se haga cargo de la escuela y así fue, se creó Los Viales y quedó como apoderado legal de la escuela Néstor Kemerer. 

Según recordó Análisis Digital, el CGE aprobó con celeridad el proyecto pedagógico y autorizó los cargos docentes sin el reconocimiento económico -algo que es habitual, según quedó probado en el juicio- y esto motivó que sea la DPV la que deba pagar los salarios durante los primeros dos años de clases de la Heraclia Ruíz Díaz. Este es uno de los puntos donde posaron la atención los fiscales, el monto destinado al pago de los salarios docentes no estaban predestinados a dicho pago. Sin embargo, la defensa asegura que el dinero salió del mismo lugar (gobierno provincial) y que fueron utilizadas partidas destinadas al pago salarial de trabajadores viales. De hecho, para compatibilizar los sueldos, los funcionarios contrataron a los docentes como empleados viales y le agregaron una clase adicional para equiparar el sueldo con los trabajadores de la educación. La suma destinada a salarios rondó los dos millones de pesos. 

El resto del dinero que se investiga fue destinado al reacondicionamiento de un galpón en desuso del área de Mantenimiento y Suministro que fue destinado a la escuela en sus inicios. Hoy en día, la escuela funciona en el mismo inmueble pero en otra zona, donde antes funcionaba la escuela San Martín. Además, se investigó un contrato de comodato en el cual la DPV le entregaba a 20 años el inmueble a la escuela. 

La teoría de los fiscales es que se desviaron de la órbita pública una suma superior a los cuatro millones de pesos, hacia una institución privada y que esto implica el delito de peculado. Sin embargo, para la defensa esto no constituye siquiera un delito. 

Los jueces resolverán si acatan la solicitud de la fiscalía de condenar por peculado a los dos acusados, si cambian la carátula y calificación del delito ó si se absuelve a los imputados en sintonía con el pedido de la defensa de Miguel Cullen, Fernanda Vázquez Pinasco, Guillermo Vartorelli y Javier Martínez.