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os inmuebles se encuentran ubicados dentro del paraje Mazaruca, que a su vez está inserto en un inmueble de 5.000 hectáreas que pertenecieron a Yacimientos Carboníferos Fiscales y que en la década de los 90 fueron adquiridos por el empresario Victorio Gualtieri en un desfalco al Estado por el que terminó preso el ex senador del PJ, Félix Pacayut, fallecido en 2014.

Para la Fiscalía de Estado, la toma de posesión de los antiguos chalets de Mazaruca tiene importancia estratégica. La propiedad está ubicada justamente frente a las islas Las Lechiguanas, de 250.000 hectáreas, sobre las cuales existieron diversas disputas.

En primer lugar, con la provincia de Buenos Aires, que las consideraba parte de su territorio, hasta que en 1968 un dictamen del Instituto Geográfico Militar resolvió que pertenecían a Entre Ríos.

En segundo lugar, durante distintos períodos hubo transferencias de decenas de miles de hectáreas a particulares. La Fiscalía sostiene que se trata de bienes del dominio público y por ello promueve acciones judiciales para recuperar la propiedad de esa zona.

Además, Mazaruca está cerca del puerto de Ibicuy, que cuenta con una profundidad de 34 pies, lo que lo hace apto para recibir buques Panamax. Eso permitiría que la provincia cuente con un puerto apto para realizar sus propias operaciones de exportación e importación desde muelles públicos, lo que beneficiaría a la producción de todo el noreste argentino, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, precisa el comunicado de prensa oficial de la Fiscalía. 

Por otra parte, los inmuebles recuperados se encuentran dentro de un predio de 5.000 hectáreas que constituyen Mazaruca. Esa superficie perteneció al Estado nacional, que a través de Yacimientos Carboníferos Fiscales producía diversas clases de madera para apuntalar las minas en Río Turbio.

Luego fueron adquiridas por el empresario Victorio Gualtieri, y hoy se destinan exclusivamente a ganadería, con muy poco beneficio para la economía provincial.

Finalmente, la propiedad readquirida por la provincia de Entre Ríos está en medio de areneras que permanentemente extraen ese mineral con destino a la provincia de Buenos Aires, a razón de no menos de 1.000 toneladas diarias.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, practicó la medida y colocó en posesión de la provincia al inmueble, además de apostar en el lugar a la Policía de Entre Ríos.