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ara la legisladora resulta “insoportable” las diferencias salariales que se producen en el ámbito del Estado entrerriano e “inadmisible el sinismo que encierra la justificación de este incremento salarial cuando se dice que se trata de cumplir la ley que determina el modo de fijar la remuneración de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial”. “Seguramente alguien pensará replicar que no se puede nivelar para abajo y sin dudas –indicó—comparto esa posición. Pero quienes más tienen, no deberían profundizar, con acciones propias, la brecha enorme que ya los separa de los miles de trabajadores entrerrianos que ni siquiera alcanzan a sostener la canasta familiar más básica”, reprochó la diputada. “En un Estado en emergencia, con escuelas empobrecidas, con su red vial destruida, con graves falencias edilicias, con un sistema de salud público colapsado, cómo es posible que los máximos representantes de la Justicia en Entre Ríos acuerden auto-otorgarse un incremento salarial legal pero a todas luces injusto”, planteó D´Angelo. La legisladora aclaró que en su caso, “no se trata de sostener una posición demagógica en esta instancia sino de ser coherente con posiciones y acciones asumidas desde hace tiempo”. Recordó entonces que en el 2001, junto con los integrantes del bloque de Intransigencia para el Cambio, que preside, presentó en la Cámara Baja un proyecto para que se redujeran, desde el mes de setiembre de ese año, en un 20% las remuneraciones de los diputados. Se trataba de “un gesto de solidaridad motivado en la convicción de que desde el Estado no puede abandonarse a quienes ven agravada su situación socioeconómica”. La intención era destinar esta disminución salarial a las partidas para los comedores escolares. “Lamentablemente, la iniciativa no fue acompañada por la mayoría, pasó a comisión y no pudo tener tratamiento en el recinto”, mencionó. En este repaso de las iniciativas tomadas desde el Bloque de Intransigencia para el Cambio para tratar de articular acciones que posibilitaran enfrentar la crisis de la manera más justa y solidaria, fue que “ese mismo año junto con los diputados Santiago Reggiardo y Manuel Fortuny presentamos un proyecto para que se generara un ámbito de concertación para acordar una política salarial entre magistrados, funcionarios y legisladores en forma consensuada y que significara un gesto voluntario de disminución salarial más allá de lo que las leyes y la Constitución indican”. Ente los fundamentos de la iniciativa “sosteníamos que ´los ajustes deben ser soportados fundamentalmente por los sectores de mayores recursos o los que tienen más ingresos´”. A pesar de los intentos frustrados, los legisladores de Intransigencia para el Cambio “perseveramos en nuestra posición cuando en los primeros meses de este año presentaron su propio proyecto de presupuesto. Otra vez, tuvimos en cuenta este aspecto. Concretamente, la propuesta en esta oportunidad fue suspender la vigencia de los artículos de la ley que posibilita hoy a los miembros de la Justicia ajustarse sus haberes. Nuevamente, el criterio no fue acompañado por la mayoría de la Cámara y hoy asistimos a este aberrante privilegio de los miembros del Poder Judicial”, expresó. Comentó que “estos años hemos estado soportando estoicamente los embates populares hacia el Poder Legislativo que parece ser el blanco predilecto y el más fácil para descargar la legítima bronca social, aunque muchas veces haya resultado injusto”. “Es hora que fijemos nuestras miradas en el Poder Judicial, no solo en materia de privilegios sino en los resultados de su trascendente función pero, sabiendo discernir para no caer, como en la mayoría de los casos, en injustas generalizaciones”, concluyó D´Angelo.