S

i bien un grupo de afectados que reclamó ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) consiguieron la devolución del dinero, sólo se trata de una mínima cantidad sobre un total de 13 mil titulares perjudicados. El mentado seguro señalando que no fue requerido ni aceptado previamente por los usuarios, y sobre esta base reclamó ante el Banco en nombre de veinte de ellos, disconformes con el proceder de la entidad. El BERSA viene rechazando la imputación señalando que remitió a los usuarios la comunicación del servicio. No obstante, se avino al planteo de aquellos que, a través de la OMIC, pidieron ser excluidos del seguro y exigieron se les devuelva el dinero retenido. Pero la oficina municipal no se quedará en este solo trámite. Alega que la existencia del seguro, más allá de si el banco mandó o no una carta a los usuarios informando de él, está violando el artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor, que indica expresamente que "no se puede generar un débito que obligue al consumidor a expresarse por la negativa". Según esta lectura, no es lo mismo que la entidad haga un descuento por un servicio y pregunte luego al usuario si lo desea -cosa que habría hecho el BERSA-, que ofrecer un servicio y que el cliente decida por sí o por no, que sería el procedimiento correcto. Por eso la OMIC estudia hacer gestiones a nivel nacional para que se sancione al BERSA por la manera como actuó, según adelantó a este diario Luciano. "Esto más allá de que la entidad decida devolver ahora mismo el dinero a los 13 mil usuarios locales", afirmó. "Lo cierto es que el banco nunca pudo descontar el seguro en la forma en que lo hizo. Acá hay un error de origen que es insalvable", subrayó tras indicar que las causas administrativas sustanciadas en la OMIC (las veinte que existen) tienen como propósito perseguir una sanción al BERSA por incurrir en infracción al artículo 35 de la ley de Defensa del Consumidor. La ley prevé en estos casos una multa que va de 500 a 500.000 pesos. Paralelamente, según informó El Día, se supo que desde la oficina provincial de Defensa del Consumidor se hará una intimación al BERSA para que aclare sobre la supuesta imposición del seguro a los 120 mil clientes repartidos en todo Entre Ríos. Trascendió, además, que una asociación nacional de consumidores está haciendo los preparativos para iniciar una demanda legal contra el banco, reclamándole que cese los descuentos y proceda a la inmediata restitución de los importes descontado en el territorio entrerriano. Ocurre que este tipo de asociaciones tiene capacidad jurídica para emprender acciones colectivas de ese tenor. Cabe consignar, por último, que el seguro contra robo en cajeros automáticos fue contratado por el BERSA a través de la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, que cubre robo de efectivo, accidentes personales y reintegro de documentos robados.