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a presidente de Amar, Elena Reinaga, dijo a
Informe Digital que la anulación de un inciso de la ley de contravenciones sancionado por el senado entrerriano "se logró en una provincia con una sociedad muy cerrada y mucha influencia de la Iglesia".
La norma anuló el inciso 4to. de la ley 3815, de contravenciones, por el cual la policía podía detener a las mujeres que ofrecían sexo públicamente, de acuerdo con una iniciativa de la Central de Trabajadores Argentinos.
"Con la aprobación del proyecto de la CTA en Entre Ríos ahora vamos por más, basta de hipocresía y corrupción y de gente que habla contra nuestro trabajo y, a la vez, esconde oscuros negocios a costillas nuestras", dijo la jefa de la asociación de prostitutas.
Reinaga destacó que en Entre Ríos "existían muchas denuncias sobre detenciones injustas ya que la policía adjudicaba vagancia o penas que no estaban en el Código de Contravenciones y las detenían por 30 días".
La presidente de Amar dijo que a partir de ahora su grupo irá "por todo el país para lograr la sanción de leyes similares, aunque ya hay ciudades como Rosario, donde las prostitutas no son detenidas en la calle".
Indicó que la Iglesia "no es el principal escollo para reconocer a la prostitución como un trabajo, sino los políticos, que utilizan a la religión como pantalla para esconder que ellos mismos son parte del negocio y dueños de saunas y cabarets".
La Asociación de Meretrices Argentinas se reunió hace pocos días con representantes del ministerio de Trabajo para lograr la aprobación de un estatuto que reconozca a las prostitutas como trabajadoras sexuales, con los mismos derechos que rigen para cualquier otro ámbito de labor.
"El estatuto está casi listo, creemos que este gobierno lo aprobará cuando esté terminado y así podremos tener jubilación, vacaciones y obra social como cualquier otro trabajador", destacó Reinaga.
Aseguró que cuando la Asociación esté formada como gremio hará con ese amparo "las denuncias sobre las detenciones injustas, la violencia contra las chicas y los grandes negociados que esconde la prostitución y su relación con la Policía".
Reinaga identificó a las ciudades de Mendoza y Córdoba como "las más difíciles para trabajar, ya que allí las prostitutas son detenidas y violadas e, incluso, se registran frecuentes casos de muertes violentas".