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os dos primeros están imputados del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación al erario público”, mientras que los dueños de la firma publicitaria están acusados solo por lo segundo.La magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Paraná, citó a las cuatro personas para el lunes 3 y martes 4 de noviembre, a las 8 y 9 horas, respectivamente.
Ferro -recientemente renunciado del área de Vialidad Provincial- y Cabrera -actualmente cumpliendo funciones en la Cámara de Diputados de la provincia- están citados para el primer día, mientras que los miembros de la familia David tendrán que concurrir el martes.
A su vez, en la misma resolución, Medina de Rizzo, ordenó el secuestro de expedientes administrativos publicitarios del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS); se libró oficio al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación para determinar qué pagos se hicieron por publicidad a la firma Val Producciones -cuya titular es Silvia Patricia David, hija de Ricardo David-; se requirieron informes a LT 14 Radio General Urquiza y FM Litoral de Paraná, para que presenten documentación sobre controles de aire, al igual que a la Dirección General de Rentas (DGR).
La denuncia sobre los contratos irregulares de publicidad fueron denunciados por el Semanario ANALISIS a mediados del año 2000 y tal situación derivó en la actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). El organismo, encabezado por Oscar Rovira, hizo un dictamen parcial previo, el 26 de diciembre de 2000. Allí se se declaró la irregularidad de la contratación de distribución de publicidad oficial celebrada por la Dirección General de Información Pública, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, y la Agencia VAL Producciones, de Silvina Patricia David, por 104.400 pesos. En su momento, se concluyó en que “se estaba ante un supuesto de distribución de publicidad oficial sin el proceso previo de selección, trámite éste que por razón de su monto la ley hacía exigible”. El 28 de noviembre del 2001, el fiscal Rovira radicó la denuncia penal ante la jueza Medina de Rizzo.
Específicamente, en la denuncia se objetó que "las sucesivas órdenes de publicidad giradas a VAL Producciones, las que en el año 2000 se extendieron cuanto menos desde el mes de abril hasta el de agosto y que en cada caso contaron con la autorización, mediante su firma, del Secretario General de la Gobernación, no constituyeron operaciones o contratos aislados, sino que respondieron a una única contratación por parte del organismo. Esa contratación -se agregó- importó un monto 34.900 pesos, pautado en el mes de abril; 18.300 pesos, en el mes de mayo; 18.300 pesos, en junio; 19.800 pesos, en julio; y 13.100 pesos, en agosto, ascendiendo el total a la suma de 104.400 pesos. Como se advierte, aún cuando se compute cada mes por separado, en cada caso se habría excedido el monto límite que habría autorizado a ponderar si concurría la debida justificación legal de la excepción", se añadió.
En un extenso escrito, en la causa número 42.824, la agente fiscal Leonor Pañeda hizo recientemente el requerimiento a indagatoria de los cuatro imputados, lo que fue avalado por la jueza, quien decidió la indagatoria de Ferro, Cabrera, Ricardo y Silvina David.
