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En primer lugar, ya le plantearon a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) que otorgue una suma fija para todos los docentes, que podría rondar los 40 pesos, que se sumarían al adicional por “perfeccionamiento docente”, y a la vez que se descongele el adicional por antigüedad, que les reportaría una mejora del 10 % promedio.

El pedido de una suma fija tiene dos justificativos: en primer lugar, la provincia incumplió una resolución de la Dirección Provincial del Trabajo que obligó a las escuelas públicas de gestión privada a pagar a sus docentes en 2002 una mejora de 150 pesos, y en 2003, de 200 pesos. Como las escuelas privadas dependen del Estado para costear salarios, sin ayuda oficial es imposible que puedan otorgar ese adicional. Por eso, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) eligieron un camino distinto: propusieron que el CGE otorgue una “ayuda alimentaria”, que podría rondar los 40 pesos, pero para toda la docencia, medida similar a la que ya están adoptando otros distritos del país, como Tucumán, Capital Federal o Santa Fe.

EL BLANQUEO. Marta Madoz, titular de Agmer, dice que ese pedido no se contradice con la estrategia del gremio, que apunta a “blanquear” los códigos en negro que componen el salario del docente y que según la evaluación sindical rondan el 40 %. “Nos planteamos lo urgente, que pasa por otorgar una mejora inmediata a los maestros, que es lo que están necesitando en medio de una fuerte depreciación del salario. Después, vendrá la discusión de los códigos en negro”, sostiene Madoz.

Aunque la posibilidad de que Entre Ríos otorgue a sus 44 mil docentes —el 36 % de la plantilla de agentes públicos— una suma fija depende de las disponibilidades de fondos en Economía, ahora acéfala desde la renuncia del ministro Oscar Berón. Pero fundamentalmente de una decisión política. En forma paralela, el gremio ya armó un plan de acción con el objetivo de conseguir que el Gobierno restituya a todos los empleados públicos el adicional por antigüedad, congelado durante casi toda la administración de Jorge Busti, y apenas puesta en vigencia el primer año de Sergio Montiel, aunque dejado sin efecto desde 2002. Ese ajuste, el Ejecutivo lo aplicó a través de un decreto ad referendum de la Legislatura que, en la reciente discusión sobre la Ley de Presupuesto 2003, fue rechazado.

“Ese decreto está en contra de una ley, como es el Estatuto del Docente, y por eso decidimos accionar en la Justicia mediante recursos de amparo a través de casos testigo. Pero también pedimos que la Legislatura se pronuncie, y haga un rechazo de ese decreto del ajuste que congeló la antigüedad”, subraya Madoz.

CÁLCULOS. Según el gremio, la restitución del adicional por antigüedad le significaría a las arcas del Estado destinar unos 320 millones al año, que reportaría un beneficio promedio del 10 % sobre los salarios, y que así neutralizaría el impacto que tendría sobre los sueldos de bolsillo el blanqueo de los denominados códigos en negro. “Desde nuestro punto de vista, el decreto que congeló la antigüedad quedó sin efecto desde el mismo momento en que perdió vigencia la Ley de Emergencia, el 30 de agosto. El 1º de septiembre el Gobierno debió restituir ese adicional, y como no lo hizo recurrimos vía amparos a la Justicia. Pero nosotros entendemos que la vía judicial no es para el trabajador; el Ejecutivo ya debería tener el gesto político de devolver la antigüedad”, dice Madoz.

Para el gremio docente, hay etapas que el Gobierno debería ir cumpliendo para recomponer el salario de los empleados del Estado: primero, los maestros exigen una ayuda inmediata, que podría rondar los 40 pesos, después pretenden la devolución del adicional por antigüedad, y finalmente esbozar en el Presupuesto 2004 una partida específica que contemple la incorporación al salario básico de los códigos en negro. “En lo inmediato, pedimos una mejora inmediata con una suma fija que se incorpore a un adicional en negro porque la necesidad del docente es hoy; lo demás, es una discusión más larga. Los docentes representan el 36,9 % del presupuesto, y los candidatos nos advierten que para el año que viene se prevé un fuerte déficit. Por eso decimos que el trabajo sobre el Presupuesto 2004 recién empieza. Esta gestión lo que puede hacer ya es devolver la antigüedad, y a la vez presentar un proyecto de ley de paritarias para plantear una política de Estado en materia salarial”, asegura.

HACIA ADENTRO. En ese punto, Madoz se permite una autocrítica para el propio gremio. “Nuestra lucha desde el año 1988 para acá fue trabajar por un salario en blanco y no por códigos en negro. El gran problema de Entre Ríos fue que cuando avanzamos en los acuerdos paritarios en los años 1988 y 1989 no se planteó que todos los códigos que obtuvimos se blanquearan, y no que se incorporaran en negro al salario. En ese momento, cuando también se estaba en emergencia con la hiperinflación, lo que se consiguió fueron códigos en negro, pero que fueron para la emergencia. Pero nosotros nunca quisimos códigos en negro, porque significan el achatamiento del salario”, planteó la titular de Agmer.

Fondos

EL DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA y Contable del CGE, Guillermo Calabrese, dijo que el pedido del gremio docente para que se aplique un aumento de emergencia consistente en una suma fija está a estudio, pero que todo depende “de las disponibilidades financieras, y eso es algo que debe determinar el Ministerio de Hacienda”. “Lo primero que hay que hacer es saber con qué dinero contamos. Después, puede haber mil maneras de cómo instrumentarlo. La forma de pagarlo no es el problema, sino contar con los fondos”, añadió. Calabrese sostiene que “cualquier suma, por ínfima que sea, representa una suma astronómica cuando hay que multiplicarla por la cantidad de docentes” que conforman la planta del Estado provincial, y que llegan a 44.000. En la próxima reunión de la mesa de consenso, convocada por el Senado y cuya fecha de realización todavía no se definió, se espera que el Ejecutivo acerque números más ciertos.

Cuánto suman los años

Si los maestros, y los empleados públicos en general, consiguen que el Gobierno deje sin efecto el decreto que congeló el adicional por antigüedad habría una mejora promedio del 10 % en los salarios, que iría en aumento conforme la cantidad de años en actividad. En el caso de los docentes, el detalle es el siguiente:

AÑOS BONIFICACIÓN
1 10 %
2 15 %
5 30 %
7 40 %
10 50 %
12 60 %
15 70 %
17 80 %
20 100 %
22 110 %
24 120 %

F.- El Diario