B
usti se basó en las resoluciones 028 y 029 dictadas por Rovira el 18 y 19 de mayo de 2000, por la que se autoriza el cobro de residencia de 450 pesos mensuales y otra por gasto de traslado de 270 pesos mensuales.
El fiscal adoptó tal medida porque siempre optó por no percibir los haberes del organismo y continuar cobrando la jubilación que tiene asignada como ex magistrado de Concordia; en consecuencia, no se le otorgaba dinero alguno por desarraigo. Tal aspecto fue cuestionado también por el fiscal de Estado, Sergio Avero, al considerar que estaban “viciadas de nulidad absoluta por resultar ilegítimas”.
Busti, al igual que varios de sus ex funcionarios, fueron denunciados en diversos hechos por casos de corrupción en el anterior gobierno provincial por el organismo que conduce Rovira, por lo cual siempre hubo una fuerte disputa entre ambos. El fiscal siempre sostuvo que el ex gobernador y sus colaboradores deben dar cuenta de la desaparición de más de 150 millones de pesos, cuyo destino no está claro, según denunció públicamente y ante estrados judiciales, aunque las causas poco avanzaron entre los jueces paranaenses, fundamentalmente.
Toloy no siguió adelante en la causa, porque entendió que primero debía expedirse el Jurado de Enjuiciamiento -por la inmunidad del fiscal-, pese incluso al planteo de Rovira, quien solicitó su indagatoria antes que dicho cuerpo se expediera. El Jurado de Enjuiciamiento se pronunció a fines de diciembre del 2001, cuando resolvió quitarle la inmunidad al titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La votación del Jurado terminó cuatro votos a favor y tres en contra.
A favor del planteo estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Julio Rodríguez Signes (ex Alianza-Paraná); el abogado René Sadi Bonfils y los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia. Por otro lado quienes votaron en contra fueron: el senador Jorge Campos; la jueza Laura Bertellotti de Schaller y el abogado Roberto Beherán.
No obstante, Toloy no pudo citarlo, porque Rovira presentó un recurso de inconstitucionalidad a la sentencia con la cual el Jurado de Enjuiciamiento dispuso su desafuero el 31 de diciembre de 2001. Además, allí reiteró el planteo de recusación de Carlos Chiara Díaz y de Daniel Carubia, ambos integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco del trámite de la causa en la que el funcionario fue acusado del autoasignado cobro indebido de 700 pesos mensuales para el alquiler de una vivienda en Paraná y de compensación de gastos de traslado. Para el fiscal, la sentencia de Jury era atacable en varios aspectos. Aseguraba que “no se han observado pautas del debido proceso, lo que elimina la mínima legalidad de lo decidido”.
A entender de Rovira, “su cargo no goza de fueros que impidan su juzgamiento” y que, “en realidad, la consecuencia del fallo que cuestiona es la inmunidad de arresto para los que desempeñan ciertas funciones, consagradas en el artículo 178 de la Constitución provincial, y sin que se respete el esencial debido proceso”.
El último viernes, o sea, un año y medio después del planteo de Rovira, el Jurado de Enjuiciamiento se reunió y rechazó el recurso planteado por el fiscal, disponiendo que Toloy lo indague en sede judicial. El rechazo fue por mayoría. Votó en contra el vocal Miguel Carlín y contó con la adhesión de Saadi Bonfils, Rodríguez Signes, Carubia y el abogado Juan Manuel Alvarez –de Gualeguaychú-, que reemplazó a Beherán. A favor de Rovira votaron Campos y Bertellotti de Schaller.
