E

l incremento significaba 1.600.000 pesos por mes y más de 20 millones anuales en el Presupuesto de la provincia. Uno de los más férreos defensores fue el vocal Carlos Chiara Díaz, quien explicó que “esto no se trata de un aumento salarial, es simplemente la aplicación de una ley sancionada en 1988 y corregida en 1992 que establece el modo de fijar la remuneración de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial”. Chiara Díaz pasó de cobrar 8.114,53 pesos a 10.714,53 pesos. La medida, como no podía ser de otra manera, no sólo causó beneplácito entre la mayoría de los magistrados, sino también entre los empleados judiciales.

El secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Jorge Broggi, no puso reparos a dicho aumento y de inmediato le dio su consentimiento a la aplicación de la denominada “ley de enganche de las remuneraciones”. La actualización determinaba, por ejemplo, un aumento de 200 a 300 pesos para el empleado de menor categoría en la justicia entrerriana.En forma paralela, los vocales Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno -con el patrocinio de la actual candidata a diputada nacional del PJ, Rosario Romero y el abogado Raúl Barrandeguy-, presentaron un recurso de amparo ante el juez Correccional de Paraná, Daniel Malatesta, reclamando el pago en tiempo y forma de sus salarios (correspondiente al mes de diciembre de 2002 y el 50 por ciento del sueldo anual complementario del segundo semestre de dicho año), pero, además, exigiendo la correspondiente actualización. Malatesta hizo lugar al planteo, pero la Fiscalía de Estado presentó una apelación, para lo cual se tuvo que constituir un STJ ad hoc, que quedó conformado por los abogados Jorge Ricardo Petric, María del Carmen Haenggi, Jorge Elías Ruda, Eduardo Rodolfo Goldemberg, Miguel Valerio Geist, Luis Alejandro Pérez, Rubén Efraín Cabrera, Juan José Del Castillo y Ladislao Uzín Olleros.

Ayer, dicho STJ resolvió confirmar parcialmente el fallo de Malatesta, al hacer lugar al planteo del pago salarial en tiempo y forma, pero revocó la sentencia de la aplicación de los ajustes, establecidos en las leyes números 8069 y 8654, tal como se había dispuesto en la cuestionada Acordada, lo que provocó un duro golpe al propio Poder Judicial. Los tres mencionados fueron los únicos vocales del STJ que hicieron el planteo, pero sí hubo amaparos presentados por jueces inferiores.