E

Condena I

La primer condena que en los últimos días volvió a tomar estado público se vincula al ex intendente de Colonia Ayuí, José Mar-ticorena. Este fue encontrado culpable del delito de peculado el año pasado por un Tribunal encabezado por Miguel Angel Giorgio e integrado por Carlos F. Larrarte y Hugo R. Jáuregui.

Marticorena fue llevado a juicio por una camioneta Pick-Up que le entregó el Gobierno provincial en diciembre de 1999 y que supuestamente debía ser utilizada por el municipio, pero el vehículo permaneció en poder del máximo responsable de dicho organismo. A partir de ahí y tras una denuncia interpuesta en los tribunales de nuestra ciudad, comenzó la causa judicial que derivaría en el debate en la Sala de Audiencias de la Cámara en lo Criminal.

Por aquel entonces, con total seguridad, la fiscal de Cámara aseguró en su alegato que Marticorena «no la ingresa (a la camioneta) a la Municipalidad, variando el destino».

Tras la sentencia en contra, la Defensa técnica elevó un recurso de casación al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el cual semanas atrás consideró improcedente la solicitud y confirmó la pena de dos años de prisión condicional (no efectiva) y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. No se tiene información sobre si Marticorena apeló a la Corte Suprema.

Condena II

Otro antecedente, más fresco en el tiempo, es la condena a la ex directora de la escuela Independencia, Angela María del Carmen Pedemonti de Siblen y al ex presidente de la cooperadora, Elio «Pinocho» Romero.

Tanto Pedemonti como Romero fueron llevados a juicio por el delito de malversación de caudales públicos, en una investigación que giró en torno a una suma cercana a los $ 50.000.

El dinero en cuestión tenía como destino la refacción del hoy destruido edificio de la escuela Nº 71 «Independencia». Sin embargo, las mejoras no llegaron, aulas y baños sumamente necesarios para los alumnos y personal docente nunca se construyeron.

La denuncia penal fue impulsada por la ex secretaria del establecimiento, María Julia Cafferata de Spinker, y también la vice-directora y otras maestras, que preocupadas por las irregularidades en el manejo del dinero enviado desde los gobiernos provincial y nacional, hicieron múltiples presentaciones al que era titular de la Dirección Departamental de Escuelas, profesor Mario Acevedo.

En la investigación del hecho intervino la fiscal León y el titular del juzgado de Instrucción Nº 1, doctor Martín Carbonell. Apoyándose en una abundante prueba, el magistrado procesó a la ex directora y al ex presidente y la tesorera de la cooperadora, Francisca Teresa Reyna, por malversación de fondos públicos.

Los procesados se sentaron en el banquillo de los acusados en junio y luego de varias jornadas de debate se arribó al veredicto que solo benefició a Reyna con la absolución de culpa y cargo, mientras que condenó a Pedemonti a la pena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y a Romero a dos años y medio de prisión condicional, además de la inhabilitación perpetua como administrador de entidades de beneficencia.

Antes de que la sentencia rubricada por los jueces Larrarte, Giorgio y Jáuregui quede firme, los abogados defensores promovieron un recurso de casación que todavía está bajo análisis del máximo tribunal de la provincia.

Condena III

El último proceso que terminó con castigo fue el llevado adelante a fines de agosto contra el ex titular de la Zonal XIII (Chajarí) de Vialidad Provincial, Néstor Horacio Menéndez.

El hombre de la «Ciudad de Amigos» fue procesado por el delito de malversación, luego de una investigación centrada en el manejo irregular de unos 54 mil dólares.

Concretamente, miles de litros de combustible como así también repuestos para vehículos no fueron registrados en los libros de la Zonal XIII. Realizadas las inspecciones, se comprobó la irregular situación y se impulsó una denuncia penal. <

Un Tribunal presidido por Larrarte e integrado por Jáuregui y Giorgio encontró culpable a Menéndez y lo castigó a dos años y medio de prisión condicional, y la consabida inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Al igual que en los anteriores casos, la Defensa técnica promovió un recurso ante el STJ.

Pesada jurisprudencia

La jurisprudencia se tiene muy en cuenta a la hora de analizar otros procesos y seguramente el Tribunal que trabajará en el juicio contra Cresto tomará nota de los últimos fallos. En ese contexto, hablar con seguridad de una condena o absolución es más que apresurado y todo dependerá del peso de la prueba incriminante. <

El debate que supuestamente empezará el martes 4 de noviembre no tendrá más de una decena de testigos y se resolverá en dos o tres jornadas. Luego, vendrá el inquietante veredicto y enseguida nomás, las elecciones. Sin lugar a du-das, el que más agitado vi-virá esos días será el actual delegado ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La diferencia con los casos que se apuntaron arriba estriba en que, en el caso de Cresto, el dinero ingresó a la Municipalidad (es decir nadie se lo llevó), las obras del Tiro Federal, se hicieron y no habría nada reprochable en la conducta de Cresto, salvo que la fiscal tenga bajo la manga alguna prueba que no se conozca, pero todo parece dirigirse a la absolución y si es así, Cres-to obtendría un altísimo porcentaje de votos, más de los que hoy le dan las encuestas que hablan de un 50 %.

Fuente: Diario El Sol