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La causa tramitada en el Juzgado Correccional de Concepción del Uruguay, a cargo de Jorge Amilcar García, derivó en que el juez hiciera lugar a la acción de amparo promovida por Arroyo contra el CPM, condenando a éste a abonar los montos adeudados en concepto de subsidio mensual y en su caso semestral de ropas y útiles.

Increíblemente el Estado en vez de cumplir con su deuda, planteó un recurso de apelación, cuestionando la falta de legitimación activa de los accionantes y del propio magistrado. Se pretendió no cumplir, justificando la deuda, haciendo oídos sordos al fallo, sencillamente porque el juez no era del fuero de Menores y Familia.

Planteado el recurso ante el STJ –similar a la causa Ortega en la que el Estado también fue obligado a pagar una suma de dinero a una familia indigente de Paraná – los vocales resolvieron confirmar el fallo del juez de Concepción del Uruguay.

Por unanimidad los vocales del STJ dispusieron rechazar el recurso de apelación interpuesto por el CPM y condenar al pago de los subsidios adeudados. En los fundamentos se criticó al Estado: “Llena de estupor, por no decir de vergüenza, que en casos como el presente, el CPM en su afán de justificar lo injustificable, enarbole la facultad discrecional que se atribuye de disponer los pagos y los períodos de tiempo en que los mismos se efectuarán, sin negar el carácter alimentario y asistencial que los subsidios tienen para sus asistidos y la innegable y encomiable función protectoria que para ellos despliegan los accionantes”, se aseveró en el fallo de parte de los integrantes del Superior Tribunal.