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a República Oriental del Uruguay (RUO) también responde con reclamos. Ante la contundente oposición argentina a la instalación de la planta de pasta celulosa en Fray Bentos, el vecino país salió al cruce y exigió rigurosos informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para determinar si empresas radicadas en Concordia están volcando sus efluentes tóxicos en el curso de agua, lo que provocaría su contaminación.
El pedido surgió en el Parlamento uruguayo, de la mano del diputado Rubén Obispo de Paysandú, tras conocerse por medios periodísticos entrerrianos y uruguayos, la mortandad de peces en el río Uruguay.
Amparado en el artículo 118 de la Constitución de ese país, Obispo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que pregunte a la CARU cuáles fueron los resultados de los dos muestreos que el organismo binacional debe realizar anualmente en el cauce principal y en ciertos puntos críticos, tal cual está establecido en el operativo conocido como “Programa de Calidad de Aguas y Control de Contaminación”.
“Informaciones de prensa dan cuenta que en la región del río Uruguay cercana a las ciudades de Salto y Concordia han aparecido gran cantidad de peces muertos. Asimismo se manifiesta preocupación sobre vertidos al río de efluentes industriales con residuos químicos tóxicos sin tratamiento”, expresó el legislador uruguayo.

SOSPECHA. La preocupación del Parlamento uruguayo se basa en un estudio efectuado por especialistas que revelaron la presencia de tóxicos en el arroyo Yuquerí (en Concordia) y en el río Uruguay que serían volcados por una empresa multinacional.
En ese sentido, Obispo comentó en su iniciativa que existen datos de las campañas de mayo y octubre de 2002, del operativo de calidad del agua que determinaron que el río Uruguay “mantiene un perfil de río limpio”, aunque “se identifican situaciones costeras complejas y de fuerte impacto”.
Según se reveló en el estudio del año pasado, no se detectó toxicidad en ninguna de las muestras del curso principal, aunque se recomendó continuar con el programa de control toxicológico sobre el curso principal e incluir estaciones y puntos críticos con la finalidad de obtener información respecto al estado actual de la calidad sobre áreas de mayor impacto. Es así, que se consideró de “sumo interés” incorporar bioensayos de toxicidad para la evaluación de la calidad de los sedimentos.
SOLICITUD. Está establecido que dos veces al año la CARU debe realizar los análisis. Sin embargo, —según reveló el legislador uruguayo en su pedido— hasta el momento se desconocen los resultados del monitoreo, por lo que requirió al Ministerio que pida las actuaciones del ente, en el que se le exija además que informe cuáles fueron las actuaciones de ese organismo sobre las posibles causas de la mortandad de peces.
Además, Obispo quiere saber si la CARU fue consultada o asesora en los planes de gestión ambiental de las empresas industriales cuyos efluentes se vierten en ambas márgenes del río y si se coordina con la Dirección Nacional de Medio Ambiente para autorizar aquellos emprendimientos industriales que puedan tener un fuerte impacto ambiental en la calidad de las aguas.

Ciudadanos de Gualeguaychú analizan recurrir a la Justicia internacional

Frente a la decisión del Gobierno uruguayo de aprobar el estudio de impacto ambiental que realizó la empresa Celulosas M´Bopicuá para instalar una fábrica en Fray Bentos, los miembros de la Asamblea Ciudadana —que redactaron la Declaración de Gualeguaychú que entregaron a las autoridades orientales de manos del intendente, Emilio Martínez Garbino— resolvieron solicitar una audiencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para plantear el tema. Sin embargo, los asambleístas están dispuestos a ir más allá y no descartan hacer una presentación judicial en foros internacionales como la Corte Internacional de Justicia, prevista en el Tratado del Río Uruguay que establece que cuando las partes no se ponen de acuerdo de manera directa podrán recurrir a ese alto tribunal.
Como ya es de público conocimiento, los fundamentos de quienes se oponen a la radicación de la papelera se basa en los daños irreversibles que este tipo de emprendimiento provocaría en el medio ambiente. Según argumentan, los efectos de la actividad celulósica serán devastadores para la región, teniendo en cuenta la tecnología que se utilizará para el blanqueo del papel. En ambas Cancillerías se está estudiando la forma de ampliar las facultades a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), para que no sólo ejerza un monitoreo en las aguas sino también en la costa, la flora y la fauna, pero una vez que la planta entre en funcionamiento.

Cruce de acusaciones
Más allá de los negativos informes y antecedentes de la española Empresa Nacional de Celulosa (Ence) sobre la contaminación provocada en la ría de Pontevedra en la Península Ibérica, el Parlamento uruguayo ratificó su adhesión a la firma que se radicará en Fray Bentos.
Para los uruguayos, el caso “está liquidado” y aunque lluevan las oposiciones existe un firme “respaldo al emprendimiento productivo”.
“Se han puesto una serie de condiciones de impacto ambiental a la empresa, que las ha aceptado. Por eso se ha firmado la autorización para comenzar las obras”, informó Oscar Brum, titular de la cartera de Vivienda de la ROU.
Entre los puntos que se analizaron, los uruguayos recordaron además que en la Argentina se instalaron cuatro empresas de celulosa, una de las cuales está denunciada por contaminación del río Paraná.

A LA JUSTICIA. En tanto, el fiscal civil Enrique Viana, confirmó al diario gualeguaychuense El Día, que solicitó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento, Territorio y Medio Ambiente de la ROU que informe sobre el proyecto de la fábrica de celulosa que se instalará en M´Bopicuá.
La intención del fiscal es conocer el proceso que utilizará la firma para la elaboración de la pasta de celulosa, ya que tendría conocimiento que emplearían azufre, óxido de cloro y óxido de sodio que generan efluentes contaminantes. Viana consideró que a “los peligrosos efluentes se los planea verter al río Uruguay mediante un caño colector con difusores (...) en un claro impacto de todo el medio aguas abajo”, lo que afectaría directamente el agua potable que se consume en Fray Bentos, la playa del balneario Las Cañas y las poblaciones emplazadas en ambas márgenes del río.
Las sospechas argentinas están fundadas en que el Gobierno uruguayo autorizó su instalación sin evaluar detenidamente los informes ambientales ni tuvo en cuenta los tratados y convenios que existen en defensa del medio ambiente y preservación del río.

24 MESES. Con la aprobación, la empresa tiene 24 meses para iniciar la construcción de la planta y posteriormente un plazo de cuatro años para su puesta en funcionamiento. Trascendió que la inversión estipulada ronda los 600 millones de euros.

Se informó que la firma construirá una especie de área testigo en la que se instalarán colmenas con abejas para realizar un seguimiento que le permitiría conocer el grado de contaminación de los gases tóxicos.