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La autorización se realizó sin tener en cuenta el análisis por parte de técnicos argentinos, pese a los múltiples tratados y convenios que se firmaron en defensa del medio ambiente y la preservación del río Uruguay.

Con el hecho consumado, la empresa ahora tiene 24 meses para iniciar la construcción de la planta y posteriormente un plazo de cuatro años para su puesta en funcionamiento. La inversión estipulada ronda los 600 millones de Euros.

La empresa construirá una especie de área testigo en la que se instalarán colmenas con abejas, para realizar un seguimiento que supuestamente le permitirá saber el grado de contaminación de los gases tóxicos.

Miembros de la llamada Asamblea Ciudadana –que redactó la Declaración de Gualeguaychú y que fuera entregada a las autoridades orientales de manos del intendente, Emilio Martínez Garbino– solicitaron una audiencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación con el objeto de plantear las alternativas que se ejecutarán en protesta por la decisión unilateral del gobierno uruguayo.

Los asambleístas incluso no descartan hacer una presentación judicial en foros internacionales como la Corte Internacional de Justicia, prevista por otra parte en el Tratado del Río Uruguay, que prevé que cuando las partes no se ponen de acuerdo de manera directa podrán recurrir a ese alto tribunal.

Las alertas y advertencias que se escucharon en ambas orillas y que son sostenidos por argumentos directos de lo realizado por la empresa en Pontevedra, Galicia, España, más los estudios realizados por especialistas y expertos en biología, señalan que los efectos de la actividad celulósica serán desvastadores para la región, teniendo en cuenta la tecnología que se utilizará para el blanqueo del papel.

Si bien las autoridades de Medio Ambiente de Uruguay reconocen la existencia de este impacto, aseguraron que confían en la capacidad de mitigación de los empresarios.

Por último, en ambas Cancillerías se está estudiando la forma de ampliarle las facultades a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), para que no sólo ejerza un monitoreo en las aguas sino también en la costa, la flora y la fauna, pero una vez que la planta entre en funcionamiento.

Esta experiencia dejó fundadas sospechas sobre las actuaciones de la diplomacia argentina radicada en Uruguay, en el sentido de que su intervención fue tardía, nunca se informó a las comunidades afectadas (en este caso Gualeguaychú y Entre Ríos) como correspondería por el nivel de gravedad de su impacto ambiental, además del desconocimiento de las autoridades expertas en la materia que cumplen funciones clave en la propia Cancillería Argentina, que se interiorizaron de detalles cuando una delegación de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú les solicitó una audiencia informativa.

Inaugurarán el Puerto de Fray Bentos

Dentro de un mes, el 10 de noviembre se inaugurará el nuevo puerto de M´Bopicuá, una de las inversiones que la empresa española Ence-Enosa está haciendo en Fray Bentos, para continuar con su cadena de sistema productivo junto a la forestación y la instalación de la planta procesadora de celulosa y "chipeadora".

La empresa, que ya destruyó en España la ría de Pontevedra, ha buscado en esta región las facilidades que no encuentra en la Comunidad Económica Europea y ha realizado grandes inversiones tanto en el puerto como en plantación de bosques para obtener la madera.

En M”Bopicuá se producirán alrededor de 400 mil toneladas al año de pasta de celulosa (la mitad de lo que se produce en Argentina), a partir de 1,5 millones metros cúbicos de madera de eucaliptos.

Expertos ambientalistas han señalado que el proceso industrial será dañino para la región, debido a que se generarán dioxinas cancerígenas (las mismas que producen los transformadores eléctricos con PCB) y lluvia ácida, dos elementos nocivos para la flora y la fauna. (APF)