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edido de la querella particular y la fiscalía de primera instancia se archivó esta semana en Tribunales la causa iniciada por una presentación de la FIA contra el ex gobernador y actual candidato al mismo cargo, Jorge Busti; el ex ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Faustino Schiavoni; y el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori; denunciados por la compra del helicóptero Bell 206 L-4 para la Policía de Entre Ríos con un sobreprecio de 685.000 pesos, según el Tribunal de Cuentas.

Luego de que la abogada que defiende a Busti en esa causa, doctora Claudia Mizawak, pidiera el cierre definitivo de la investigación, la fiscal Estela Bonazzola se sumó a la solicitud, por lo que el juez de Instrucción Ricardo González resolvió esta semana archivar la denuncia por la cuestionada compra del helicóptero radicada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el 27 de diciembre de 2001. El organismo encabezado por Oscar Rovira consideró que debía investigarse tanto a Mori como al ex gobernador Busti y el entonces ministro Schiavoni.

LA COMPRA. La adquisición de la aeronave de la Policía provincial (que ahora será canjeado por otras dos aeronaves de menor porte, por iniciativa del Ejecutivo autorizada por una ley recientemente sancionada y que motivó una denuncia penal por parte de Oscar Mori), en su momento dio lugar, además de la denuncia penal de la FIA, a una acción civil por daños contra el Estado radicada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 por la Fiscalía de Estado. Para la FIA el proceso que finalizó en la adquisición del helicóptero se inició en diciembre de 1995 a partir de que el Decreto 5.282 transfiriera sin cargo a la Policía provincial un helicóptero Bell 206 B Jet Ranger perteneciente hasta ese entonces a Líneas Aéreas de Entre Ríos, que estaba fuera de servicio y necesitaba reparación. Recordó el organismo denunciante que, luego de obtener la aeronave se originó un proceso orientado a la compra del helicóptero Bell 206 L-4 también para la Policía, ante la supuesta onerosidad del arreglo del Jet Ranger. “Para ello se dispuso la entrega en parte de pago de la nave averiada a un precio que resultó bastante inferior al costo ofrecido en el mercado y cuyo precio de 120.000 pesos lo fijó el proveedor La Macarena S.A, en acuerdo con el secretario Oscar Mori”, apuntó la FIA.

PARTICIPACIÓN. Para Rovira, Mori tuvo “activa participación” en todo el proceso de la compra del helicóptero, y comenzó “a liderar personal y directamente el proceso... arrogándose funciones que no le competían”. El Decreto 733 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación del 18 de marzo de 1996 firmado por Busti, el entonces ministro Schiavoni y Mori autorizó la adquisición del Bell 206 L-4 Ranger IV, según la FIA, obviando aclarar que se trataba de un aparato con casi 300 horas de vuelo para, supuestamente, “encubrir un sobreprecio de 685 mil pesos, hecho “fehacientemente constatado” por el Tribunal de Cuentas.

Coincidente con la postura de fiscalía y la defensa del ex Gobernador, el juez consideró que en la denuncia no hubo elementos para pensar que hubo siquiera irregularidad administrativa por parte del dirigente justicialista que quiere volver a la Casa Gris. Y consideró que, en todo caso, si hubo alguna responsabilidad fue de quien llevó adelante la negociación: el titular de la Secretaría de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Mori.

ENCUADRE. La defensa de Busti cuestionó desde un principio la figura penal elegida por la FIA en su denuncia. El organismo consideró que se cometió peculado (hurto de caudales del erario realizado por aquél a quien está confiada su administración), en tanto que para los abogados del ex Gobernador los hechos descriptos, en todo caso, podían encuadrar en la figura del fraude a la administración pública, que estaba prescripto prácticamente al momento de la presentación de la Fiscalía. En su resolución González analizó el encuadre legal, estimó que podría haberse tratado de un fraude contra la administración pública, pero destacó que, a su juicio, la inclusión de Busti y Schiavoni en la denuncia fue demasiado forzada.

DAÑOS. Independientemente del archivo de la causa penal, la compra del Bell es motivo de otra investigación en la Justicia Civil. A fines de julio la Cámara Segunda de ese fuero ordenó al juzgado Nº 7 de esta capital que disponga las medidas pertinentes para trabar embargo preventivo contra Mori, en la causa iniciada por demanda de la Fiscalía de Estado, por los daños y perjuicios que habría ocasionado el sobreprecio en la adquisición del helicóptero en 1997. El juicio de responsabilidad por incumplimiento contractual se inició en el Juzgado de la doctora Gabriela Mastaglia, por una denuncia radicada contra Mori durante los últimos días de la gestión Busti, firmada el doctor Víctor Berta, por entonces al frente de la Fiscalía de Estado.
FUENTE: El Diario