A
sì, dio cuenta de las condiciones en las que estudian y trabajan unos 15 mil alumnos, más de 1.000 docentes y 125 auxiliares. El trabajo permitió conocer que un 75 % de los edificios presenta problemas, aunque ese porcentaje trepa al 85 % en el caso de las escuelas de primera, segunda y tercera categoría que son, además, las de mayor población estudiantil.El pedido fue acogido en forma favorable por los defensores de Pobres y Menores Eduardo Guillermo Bernasconi, Marta Inés Scelzi de Barbará y Brunilda Susana Charreun, quienes resolvieron girar el relevamiento hecho por Agmer al titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Gatto, “a quien se lo intima para que en un plazo perentorio se normalicen dichas irregularidades sobre toda aquellas que implican una atención urgente de las mismas como son las relacionadas con la alimentación, el abastecimiento del agua potable, los sanitarios y las instalaciones eléctricas que pudieran poner en peligro la vida y la salud de la comunidad educativa”.