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Los Juzgados Federales atienden una gran diversidad de asuntos: civiles, comerciales, laborales, administrativos, de instrucción penal, correccionales, electorales, tributarios y de leyes especiales que ocurren en su territorio. Son utilizados por los entrerrianos (que ya superan el millón de habitantes), y por quienes en ocasión del paso por la provincia se ven envueltos en algún litigio judicial.

“En general, en los Juzgados Federales con sede en las provincias, se tramitan entre 3 y 20 veces más de causas que las que registran los juzgados en la Capital Federal. Por ello es que hoy resulta evidente la insuficiencia de la estructura de la Justicia Federal en nuestra Provincia”, analizó Cusinato.

Racionalidad presupuestaria

Desde el punto de vista funcional, la iniciativa contempla el permiso de subrogación entre Magistrados de la misma sede, evitando así recurrir constantemente a la lista de conjueces, afirmando, a su vez, el principio constitucional del juez natural.

Para ello, bastará la asignación al nuevo Juzgado de las Secretarías correspondientes, junto al personal actualmente en funciones, sin la necesidad imperiosa de creación de cargo alguno, al menos hasta que mejore la situación presupuestaria estatal.

Esto permitirá cierta especialización y además la agilización de las causas, con la consecuente actuación personal más directa del Magistrado a cargo de las mismas.

Estructuralmente, ambos Juzgados cuentan con edificios en los que se puede adecuar un despacho para el nuevo Juez, con suficiente independencia. Claro está que no será la situación ideal, pero con buena voluntad y espíritu de convivencia será perfectamente posible para satisfacer las exigencias del momento.

Y presupuestariamente, ésta es la propuesta más económica posible, pues basta con la creación de sólo dos cargos de Juez Federal de Primera Instancia, costo poco significativo en relación a los beneficios reales que la creación producirá.

Antecedentes

El legislador nogoyaense recordó los anteriores intentos que desde hace décadas diferentes legisladores intentaron llevar al Congreso tras recoger las demandas de la comunidad local.

Así lo hicieron el Diputado A. Beheran (Frejuli) en 1975 y a pesar de la media sanción lograda, el golpe de Estado paralizó la iniciativa. Luego Bernardo Salduna (UCR) en 1983, con el advenimiento de la democracia, intentó nuevamente el objetivo, sin éxito.

Más adelante, los legisladores Rodolfo Parente (en 1985), Bernardo Salduna (nuevamente en 1990), Alcides López (en 1992), Terragno y Gil Lavedra, y luego Ricardo Lafferriere, se esforzaron por lograr el objetivo que se había propuesto en los ’70 el Dr. Beheran. Pero, por diversos motivos, las iniciativas se frustraron.