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e acuerdo a la letra, los objetivos principales son “la protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional”.
Por iniciativa del senador Daniel Rosas Paz, se presentó una propuesta para la creación de la figura de defensor del pueblo en Entre Ríos. Según se establece en el proyecto, esta institución estaría encargada de velar por todos los derechos y garantías “frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local”. Según se aclaró, en este sentido también quedan comprendidos “los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial, Legislativo y de los Órganos de control”.
De acuerdo al proyecto presentado, el “Defensor o Defensora del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio”. Asimismo, se ha previsto que la designación de los postulantes sea a través del acuerdo de la legislatura por resolución que cuente con el voto de las dos terceras partes. En este sentido, se prevé un mecanismo público de convocatoria de aspirantes a ocupar el cargo, presentación de propuestas y publicación de antecedentes con posibilidad de impugnación.
Entre las distintas atribuciones, el proyecto contempla que el defensor del pueblo pueda comprobar situaciones en unidades penitenciarias y de guarda tanto públicos como privados. También podrá solicitar informes, documentación y antecedentes con fines investigativos. Realizar inspecciones de entes y organismos, solicitar la comparencia de personas relacionadas a asuntos de su indagación y requerir acciones judiciales. Por último, se contempla que la defensoría cuente con la asistencia de cuatro adjuntos.
