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Según un artículo del diario El Litoral de Santa Fe que reproduce la agencia APF, el presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, notificó al legislador Rubén Giustiniani (Santa Fe) que dentro de la planificación del trabajo para este año, está previsto para el mes en curso el comienzo del estudio que establecerá con exactitud los montos de inversión. De acuerdo con esa información, el trabajo estará listo en marzo de 2004.

Giustiniani había pedido en julio pasado que la AGN ampliara y completara la auditoria encargada por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) a la facultad de Ingeniería de la UBA. Dicho trabajo, a su vez, había surgido de un reclamo del diputado durante 2002 a propósito de la falta de precisión sobre las sumas invertidas por el Estado y por la empresa concesionaria. Aún incompleta, esa auditoria reveló que el valor del puente Rosario-Victoria fue un 10 por ciento inferior a lo estimado inicialmente.

Giustiniani recordó en una rueda de prensa que el total del puente se había fijado en 377 millones de pesos-dólares, de los cuales 234 millones los aportó el Estado y 143 millones le correspondían a la concesionaria Puentes del Litoral SA. Y según el contrato, primero debía aportar el 62 por ciento el gobierno y una vez invertidos vendría el 38 por ciento restante por parte de la concesionaria. Subsidios del Estado El estudio solicitado por la Cámara de Diputados de la Nación al Occovi encontró fuertes contrastes entre los números proyectados en el contrato de concesión y el valor en sí de la obra.

Dicho monto se fijó en 344 millones de pesos, o sea un 10 por ciento menos de lo proyectado inicialmente. Pero incluso en ese contexto se giraron subsidios y asistencia financiera desde el Estado a la empresa de acuerdo a las pautas originales.

Los técnicos de Ingeniería de la UBA encontraron que en el rubro “movilización”, la auditoria pondera 19 millones de pesos en gastos, pero Puentes del Litoral hizo imputaciones en más de 35 millones de pesos. Los mismos peritos destacaron que, según las certificaciones de obra, en los primeros ocho meses se generó “un fuerte flujo de capital hacia la concesionaria sin contrapartida física real”. Ese monto que no se habría volcado a la construcción del puente es de 42.964.088 pesos. Según el Occovi, al momento en que se paralizaron las obras hacia fines del año pasado, la concesionaria habría invertido 107.299.304 pesos, cifra lejana a los 143.102.192 pesos que la obligación contractual le imponía.

Giustiniani resaltó que si el valor de la obra había sido fijado en 344 millones y el Estado puso 234 millones y luego asistió con un aporte extraordinario de 51,6 millones de pesos a la operadora del puente -para completar el saldo de 8 por ciento de obra- esta firma debió desembolsar menos de los 107 millones declarados.

También se preguntó por qué razones la concesionaria “se adelantó a desembolsar fondos propios cuando en realidad el contrato expresamente decía que primero terminaba sus aportes el Estado y recién ahí completaba su 38 por ciento el privado”. Giustiniani pidió, con estos números, la intervención de la AGN para definir cuál fue el costo del puente, su correspondencia con el contrato original y el rol que desempeñó el Occovi en este proceso. También requirió que, si se encuentra que el estudio de auditoria de Ingeniería de la UBA es acertado, se penalicen los incumplimientos y eventuales desarreglos en la gestión de Puentes del Litoral.