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El informe de la facultad de Ingeniería de la UBA demuestra que los primeros 42,9 millones de pesos cobrados por la empresa no se invirtieron en las obras. El estudio también establece que, según certificaciones de obra, en los primeros meses se generó “un fuerte flujo de capital hacia la concesionaria sin contrapartida física real”. Esto implica que casi 43 millones de pesos no se habrían invertido en la construcción. Otra diferencia se encontró en el rubro movilidad: de 19 millones de pesos verificados por los técnicos, la empresa declaró más de 35 millones.

Por otra parte, a fines del año pasado y hasta que se paralizaron las obras, la empresa habría invertido 107.299.304 pesos mientras el contrato exigía una cifra de 143.102.192 pesos, según datos del órgano de Control de las Concesiones Viales, (Occovi).

De acuerdo a lo publicado por diario Uno, el pedido de control había surgido del diputado santafesino Rubén Giustiniani quien, a mediados del año pasado, solicitó al gobierno nacional clarificar la información sobre este tema. El legislador pidió la intervención de la Auditoria General de la Nación para que se defina el costo del puente, su correspondencia con el contrato original y el rol que desempeñó el Occovi en el control.