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El funcionario llevó al fuero penal de la provincia la existencia de una supuesta organización delictiva compuesta por al menos dos o tres trabajadores del organismo recaudador, un grupo de contadores que realizaban los trámites de cancelación de deudas del impuesto a los Ingresos Brutos y los empresarios que nada dijeron en relación a la modificación de las declaraciones juradas ligadas a su patrimonio, lo que les habría permitido abonar mucho menos de lo que se exige por ley.

La magistrada también ordenó a los imputados que en las próximas horas confirmen los nombres de los abogados que los defenderán en las causas abiertas. La decisión de la jueza, difundida hoy por Diario Uno, se tomó luego de que la agente fiscal requiriera la instrucción de la denuncia por el supuesto delito de “fraude penal agravado contra la administración pública”.

La expectativa de las partes involuradas también está orientada a saber si es posible determinar elementos de prueba para entender que hubo una asociación ilícita, figura penal mucho más grave que la de defraudación, ya que el Código Penal establece para ella condenas no excarcelables.

En relación al hecho, Milano señaló que “descubrimos las modificaciones de las declaraciones juradas y notamos que el hecho no estaba justificado. Ubicamos la clave de ingreso del trabajador que fue apartado de sus funciones”.

De este modo entendió que “el empresario o contribuyente no podía desconocer la maniobra porque, por ejemplo, si él informó que facturó 10.000 pesos, debería abonar al Estado 1.000, pero si sólo pagó 90, sabe que esa diferencia es una evasión que perjudica al Fisco

FUENTE: EL ONCE DIGITAL