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El abogado concordiense sugirió que “si existe la posibilidad de hacer una recomposición de salarios en los sectores públicos o privados en la provincia, sería bueno que pudiera partirse de quienes ganan los peores sueldos, no de los que están mejor posicionados, más allá de que sea o no justo el reclamo”.

Hizo notar que “la Intangibilidad es algo que está contemplado en la Constitución y en algún momento tendrá que recomponerse, pero no es oportuno ahora” y apuntó que “la catarata de amparos que se había generado mientras se estuvo en la duda de si la ley estaba vigente o no, generó a la provincia una suma cercana a los 15 millones de pesos o más. En consecuencia, creo que la que está por hacer la Legislatura con la ley de enganche “es saludable, porque clarifica las cosas”.

Con estas declaraciones, Salduna marcó una postura diferente a otros integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Por caso, su par Carlos Chiara Díaz salió a quejarse porque no se consultó a los magistrados para tomar esta decisión.

Salduna encontró justificada la determinación de Busti porque “el que tiene que administrar la provincia y tomar decisiones es el gobernador, ya que para eso ha sido electo, si bien siempre viene bien que se dialogue. En ese sentido, a la anterior administración le echamos en cara que no dialogaba, por lo que esperamos que ahora el panorama se modifique”.

Igualmente subrayó que, “de todas maneras, la responsabilidad política de administrar y de tener la plata para pagar los sueldos antes de fin de año es del actual gobernador y las decisiones políticas le competen a él. En este aspecto, creo que es acertada la decisión”.

Sobre el reclamo de los trabajadores judiciales evaluó que “están en su derecho de reclamar”, ya que “la ley de enganche es una conquista indiscutible, pero en este momento es de imposible aplicación. Si se cumpliera, habría que aplicar similares índices a otros sectores, que inclusive tienen normas parecidas”, finalizó.