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Duros argumentos

La decisión de la gestión Montiel violaba la garantía constitucional del derecho a la propiedad, ya que el servicio publico al ser concebido, pasa a formar parte de un derecho propietario de la empresa concesionada, por lo tanto no se respetaban los artículos 14, 17 y 18 de la constitución nacional.

La postura oficial

En su primer discurso como gobernador ante asamblea legislativa, Busti explicó que se intimaría a la empresa Edeersa “para que en un término perentorio tenga un operador técnico de excelencia y las garantías financieras para afrontar su deuda y realizar las inversiones que necesita la provincia, con un cuadro tarifario adecuado que garantice el desarrollo productivo y proteja a los que menos tienen".

Por lo tanto es fundamental la decisión que pudiera tomar el nuevo fiscal de estado, Dr. Romero, con respecto a la apelación o no de la decisión de primera instancia, aunque el sentido común indica que no se hará y quedaría firme la sentencia de Barbagelata.