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“La legislatura será quien decida el destino de las partidas presupuestarias que actualmente tiene la Fiscalía de Investigaciones Administraciones, porque es un organismo que depende de ese Poder”, agregó el mandatario.

Por otra parte, hizo saber que “el martes el Fiscal de Estado estará en condiciones de realizar la intimación a la empresa de energía eléctrica provincial para que garantice, en términos perentorios el operador técnico y la solvencia financiera del grupo”.

Dentro de la actividad oficial para esta semana, está previsto que el miércoles a las 7:30 se convoque a una reunión de los responsables de las reparticiones públicas con el objeto de realizar un pormenorizado análisis de la situación del personal de la administración pública; y en particular los casos de los trabajadores que fueron cesanteados por la ley 9.235 y de aquellos que recibieron recategorizaciones y fueron nombrados en los últimos meses de la gestión del gobernador Sergio Montiel, mientras se encontraba en vigencia la ley de emergencia económica dispuesta por ese mismo gobierno.

Por la ley 9.235 casi 4.000 empleados fueron cesanteados y actualmente 135 de ellos aún no fueron reincorporados y la mayoría de los afectados, si bien volvieron a sus trabajos, se encuentran cumpliendo funciones con los denominados contratos basuras y otros cobran por sentencia judicial, pero no se les asignaron tareas. Otra situación particular es la de personas que tienen el beneficio de los planes trabajar y deberían cumplir actividades en el ámbito de gobierno pero se desconoce el destino de los mismos.

En tanto mañana lunes, Busti se reunirá con el ministro de Economía Roberto Lavagña, donde analizarán dos temas, el Programa de Financiamiento Ordenado para el año 2004 y los reintegros de la Nación de la deuda que mantiene con Entre Ríos en concepto de las regalías y excedentes de la represa de Salto Grande.