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Se entendía que a partir de la decisión del juez, la fiscalía de estado no apelaría la decisión de primera instancia y de esta manera le daría libertad de acción al poder ejecutivo para que iniciara el proceso que garantice, en términos perentorios el operador técnico y la solvencia financiera del grupo que administra la energía de los entrerianos.

Ahora, con la decisión de Berta, el proceso regulador queda truncado hasta que nuevamente la justicia ratifique o rectifique la decisión de primera instancia.