A
sí lo hizo saber el titular de la repartición, Martín Fabre, quien, junto a las autoridades del departamento Contable de la Gobernación, detectó que al momento de contratar publicidades con medios de comunicación no se respetaban las normas legales vigentes.“Hemos observado –dijo Fabre- que en algún momento se presentaron a cobrar publicidades que ya habían sido abonadas” agregando que “esa práctica se debió a que desde la Dirección General de Información Pública se entregaban órdenes publicitarias en tres originales, y no en duplicados y triplicados como corresponde”.
Por otra parte, Fabre hizo saber que “las órdenes de publicidad en diversos casos no eran otorgadas a los medios de comunicación antes de la contratación, sino una vez que los medios presentaban las facturas correspondientes y pretendían percibir los montos asignados”.
Al respecto, el funcionario señaló que “hasta que no se aclaren estas irregularidades, se suspende todo tipo de pago; puesto que está pendiente el abono de una campaña que supera los 60.000 pesos efectuada con partidas presupuestarias observadas en su momento por la Contaduría la provincia” y agregó que “estas objeciones no fueron tenidas en cuenta por el ex gobernador Montiel, quien las autorizó”.
Asimismo, Fabre dijo que “en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y en especial en la Subsecretaría de Turismo la situación sería más grave aún, porque muchas órdenes publicitarias y abultadas cifras de contrataciones no contarían con el aval administrativo correspondiente”.
“Realmente nos hemos encontrado –comentó Fabre- con una situación plagada de irregularidades, que dificulta determinar el monto de deuda publicitaria. Esto se debe a que la persona que me antecedió en el cargo, según me informaron los empleados administrativos del área, antes de abandonar la Dirección, personalmente se encargó de borrar todos los archivos de las computadoras donde se llevaban los registros”, comentó.
Finalmente, Fabre agregó que “durante mi gestión anterior al frente de la Dirección, en 1998, se compró un automóvil Peugeot 306 cero kilómetro para la repartición y el 11 de diciembre pasado cuando asumí el cargo nuevamente, me encontré con que dicho vehículo tenía fundido su motor y se encontraba en un taller mecánico particular en total estado de desidia, desde hacía seis meses, al igual que una moto que había sido afectada al organismo durante la gestión radical”.