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��Ante decisión del Gobierno provincial de dejar sin efecto nombramientos, recategorizaciones y ascensos realizados durante el gobierno de Sergio Montiel, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos entiende que la medida contempla el reclamo gremial sostenido por las entidades que integran la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)”, sostiene la conducción provincial del gremio docente.
El gremio docente considera “oportuno recordar que tales nombramientos y recategorizaciones se realizaron de manera ilegítima, durante la peor crisis económica, financiera y social que haya vivido nuestra provincia, con la permanente denuncia de los gremios estatales ante las situaciones de injusticia y discriminación que se generaron”.
El comunicado que firman la secretaria de Organización, Cecilia Moya, y el secretario gremial, Gabriel Perotti, “reclama que la provincia cuente con un régimen jurídico que termine con la discrecionalidad de los gobiernos en cuanto a la situación laboral de los trabajadores”.
“Establecer un sistema legal de recategorizaciones y ascenso, que rija para todos los trabajadores de la administración pública, será la única forma de transparentar las relaciones laborales, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y evitar que los trabajadores sean rehenes de las distintas gestiones de gobierno”, dice el escrito del gremio.
La conducción provincial del gremio difiere con el pronunciamiento de la delegación Paraná de Agmer, desde donde se cuestionó (ver nota en Gremiales) la medida del Poder Ejecutivo, al punto de decir que “por una cuestión de principios” rechaza el decreto por medio del cual se despide a un trabajador.
El polémico decreto de Jorge Busti ha dividido las aguas en el campo gremial, incluso dentro de la CTA –donde confluyen corrientes diversas sindicales y sociales– es donde más diferencias de criterios ha generado la medida de gobierno.
F: Cronista Digital
