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“Esto es porque era necesario e imprescindible suspender las altas de beneficiarios hasta tanto se consiga financiamiento genuino”, explicó el funcionario, quien sobre este punto aclaró que el INICINIPA se trata de una ordenanza especial para la que la propia Ley 3001 exige un financiamiento específico, el que “estuvo incluido en una ordenanza tributaria del 2003 con un impuesto a telefonía celular y grandes supermercados, entre otros, pero que la gestión Varisco lo vetó totalmente”.

Chini fundamentó que por esa razón “quedó sin financiamiento, entonces esta gestión es la que garantiza poder continuar con este programa, pero sin altas de nuevos beneficiarios hasta tanto no se consiga nuevo financiamiento”.

Seguidamente, indicó que el incremento exponencial del gasto, por inclusión de nuevos beneficiarios es lo que condiciona el presupuesto y por la 3001 no se pueden afectar rentas generales cuando se traten de recursos afectados, sino debe tener financiamiento propio.

Asimismo, aclaró que el que ya es beneficiario tiene garantizado ese derecho y puede cobrar a partir del 19 de acuerdo al cronograma que se dará oportunamente.

Finalizó expresando: "La Ordenanza de Emergencia Pública es el marco que dispone la reorientación de los recursos municipales, especialmente los destinados a programas sociales, debiéndose complementar este beneficio con los planes sociales municipales que se han puesto en funcionamiento".