Sábado 17 de enero de 2004
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Política
A fines de febrero se definirá el futuro de Edeersa y el fideicomiso
El interventor del Ente Regulador de la Energía, Francisco Taibi, y el veedor designado por el organismo oficial en Edeersa, Silvio Ekkert, indicaron que la determinación de montar una inspección permanente en la compañía se debió a la necesidad d...

E

l arquitecto Taibi resaltó que la determinación de designar un veedor se hizo con el objetivo de hacer “más operativo el plazo” de 30 días dado a la empresa para que consiga un operador técnico calificado. “No es en represalia”, aclaró.

En lo que tiene que ver con los primeros días de la inspección permanente que realiza el ingeniero Silvio Ekker en Edeersa, Taibi mencionó que va “requiriendo con la mayor ejecutividad todos los informes que el Epre debe tener a disposición, y es quien toma información de primera mano”.

Asimismo, puntualizó que “tenemos dos formas de trabajar: quedarnos sentados esperando el plazo perentorio y que se corriera el telón para ver si llegaron o no; o esto (por la inspección permanente) que es la forma más seria, haciendo un seguimiento y monitoreo diario”.

Con esta última vía “cumplimos más acabadamente nuestra función”, no dando lugar a que “las cosas se empantanen o se demoren los plazos”, sostuvo Taibi.

El titular del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) expresó también que el Directorio de la empresa “tomó bien” la determinación del gobierno, pero dejó en claro que “tampoco estábamos pendientes del estado de ánimo. Humanamente, se encontró una buena recepción. No hay dificultades ni trabas”.

Por su parte, Silvio Ekker comunicó a esta Agencia que en Edeersa “estamos haciendo un relevamiento de toda la información operativa sobre la manera en que se presta el servicio técnicamente, con el personal y el equipamiento puesto a disposición” y que desde el punto de vista legal los integrantes del Fideicomiso “no han hecho ninguna objeción” a su presencia.

Además el veedor señaló que “analizamos también la situación financiera por la que está atravesando la empresa”, lo que “a su debido tiempo se transformará en un reporte que, al ser información confidencial, será evaluada por el Ente y luego enviada al Poder concedente”, cuya “cabeza” es el gobernador Jorge Busti.

En cuanto al tiempo que estará auditando a la compañía, Ekker informó que “la resolución que me designa, dice que la veeduría termina en el momento en el que el operador técnico se haga cargo, pero también establece que se puede extender hasta que se resuelva definitivamente la cuestión financiera”.

“No hay una fecha prevista de terminación de la veeduría”, resumió.

• Top Secret

El veedor prefirió no brindar datos sobre la situación patrimonial de la empresa, aseverando que es “información confidencial”. “Terminada la primera evaluación se dará una primera evaluación al poder concedente (el gobierno), y allí se resolverá si se hace pública o no”, agregó.

Por otra parte, mencionó que “no es conveniente que brindemos información de la empresa, habida cuenta de que están en un proceso de renegociación de la deuda y buscando operador. Ante esto, no podemos andar ventilando datos”.

Ekkert consignó también que no han tomado contacto con el veedor de los bancos extranjeros titulares de la deuda de 83 millones de dólares de la empresa, “pero sí manejamos la misma información”, explicitó.

A esto, Taibi sumó que “el plazo que tiene la empresa para elevar la propuesta de un operador técnico vence a mediados de febrero” y que “la intimación tiene dos tipos de exigencia: el operador técnico y la situación económica – financiera” es decir “que la empresa muestre sustentabilidad para operar normalmente”, por lo que sostuvo “la confidencialidad es un período corto de tiempo y hace al momento crucial en el que estamos para evaluar” la situación de la compañía.

• El futuro

En lo que al operador exigido se refiere, y cuyo lugar según el presidente del Directorio de la empresa Jaime Barba se disputan cuatro empresas, Taibi precisó que “podemos decir si la o las empresas propuestas reúnen o no las condiciones, pero de ninguna manera nos corresponde meternos en la decisión empresaria, que es la que tiene que decidir qué compañía es la que tiene que tomar a cargo la operación técnica”.

En torno a esto, recordó que el futuro responsable técnico “va a tener que ser propietaria del 10% de las acciones clase A” de la firma, por lo que “es una definición estrictamente empresaria” la de buscar socio, reiteró.

El límite del EPRE pasa por cumplir en controlar “que se cumplan con los requisitos del pliego: 3 años de operación de un servicio a 300 mil usuarios y qué este tuviera de mínima 2 mil gigavatios”, apuntó el titular del EPRE.

En el plano de las hipótesis, Taibi mencionó que de no reunir los requisitos el ó los operadores propuestos, la empresa “seguiría con el déficit que motivó la intimación y habilitaría al poder concedente a ejecutar la garantía” sobre las acciones, retomándo el Estado momentáneamente el control sobre la empresa, hasta una nueva.

Fuente: Agencia Periodistica Federal (APF)

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