C
oncretamente, la norma del Ejecutivo, al suspender el pago del beneficio, reconoció la vigencia de la Ley que mandó aumentar los haberes de los jueces y, por vía de la Ley de Enganche, los salarios de los empleados judiciales. Halle dijo que “primeramente la legalidad del incremento fue reconocida por el Poder Judicial, pues dictó sentencias firmes para responder las apelaciones realizadas por el gobierno provincial a los amparos que reclamaron el pago del beneficio, desde octubre del año pasado.Si el gobierno no actúa en el mismo sentido, continuarán las acciones judiciales, los embargos de las cuentas públicas, por lo tanto, el aumento del gasto”, agregó.
“En los próximos seis meses, es decir, en el periodo en que no se pagará el incremento, el gobierno intentará construir una relación diferente con la Justicia”, puntualizó el ex juez.
En cuanto a lo ocurrido en el ámbito del Poder Judicial, Halle relató que se dispuso el pago del aumento para el 15% de los empleados públicos que no realizaron acciones de amparo para cobrarlo, ya que al quedar vigente la Ley sobre el incremento salarial, se planteó una situación de inequidad con el 80% que accionó judicialmente.