No se anda con rodeos el gobernador Jorge Busti al momento de explicar el sentido político del proyecto que giró a la Cámara de Diputados para modificar algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Aunque con un estilo mucho menos ruidoso que el de su antecesor, Sergio Montiel, la historia de algún modo se repite, al menos en lo que tiene que ver con las acusaciones de pretender un control político sobre el Poder Judicial.

El 11 de diciembre de 1999, en su mensaje de asunción, pronunciado ante la Legislatura, el ex Gobernador radical provocó el retiro del recinto de las bancadas justicialistas cuando anunció que le quitaría a la Sala Penal —a cuyos miembros identificó políticamente con Busti— la facultad de resolver las apelaciones de los amparos, para que sea el STJ en pleno el encargado de hacerlo.

Busti no tocó el tema en su discurso del 11 de diciembre de 2003, pero en los fundamentos del proyecto que tienen para su tratamiento los diputados (que podría abordarse la semana que viene) califica a Montiel de “falso” y de carecer de “pudor”, ya que —sostiene Busti— “la finalidad que enmascaraban sus palabras (las de 1999) se evidenció a través de la Renta Vitalicia (Ley 9.241) que permitió la salida de cuatro vocales del Superior Tribunal de Justicia para ser reemplazados por personas propuestas por el ex titular del Poder Ejecutivo, con ostensible intención de lograr una mayoría afín”.

PLAZOS. En el mensaje a los diputados, Busti recuerda que las garantías del amparo “en su sentido amplio, comprensiva también del habeas corpus, las acciones de ejecución y prohibición, que señeramente acuñaron los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución de 1933”, recibieron —junto a los restantes procesos de base constitucional— su reglamentación legislativa durante su primer gobierno, a través de la ley 8.369 del año 1990. Remarca que ese ordenamiento “no restringió el ejercicio de tales garantías, sino que acuñó un sistema generoso y amplio para tutelar en forma ágil, expeditiva, sin dilaciones significativas, las libertades de la población: sus Derechos Humanos”.

Más adelante sostiene que la reforma de Montiel (Ley 9.240) que obligó a que las acciones de amparo pasen por la mano de los nueve miembros del STJ “dilató a plazos larguísimos las sentencias respectivas, desnaturalizando la función garantista y protectoria de las libertades fundamentales que había adquirido en Entre Ríos”.

Luego repasa, entre otras características de la gestión anterior, el incumplimiento de las obligaciones salariales, el “desprecio por los sectores pasivos, en especial de las jubiladas amas de casa”; la emisión de los bonos Federales y los conflictos suscitados por su “deficiente implementación”; los problemas creados por la ley 9235 y la “cerrada e ilegítima posición adoptada por el Poder Ejecutivo frente a su derogación”; la “búsqueda de apoyo judicial en todos los enfrentamientos que tuvo con la Legislatura”, para sentenciar que “provocaron la judicialización desmesurada de la conflictividad”, con los miles de amparos que “saturaron los organismos judiciales”, haciendo que las acciones de este tipo, que tradicionalmente se resolvían en menos de un mes, demoraran en algunos casos más de un año sin sentencia.

“GARANTISTA”. El Gobernador pretende “volver al trámite ágil y dinámico” derogado por las “reformas retardatarias” de Montiel, de modo que nuevamente los tres integrantes de la Sala I (de Procedimientos Constitucionales y Penal), del STJ —los doctores Carlos Chiara Díaz, Miguel Carlín y Daniel Carubia— atiendan los amparos “volviendo así a la concepción garantista que durante más de una década le fue impresa, respetada por la jurisprudencia provincial, nacional y la doctrina”.

El retorno al sistema de la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8.369 importa “la reafirmación de la inequívoca voluntad del actual gobierno de asegurar los derechos de quienes se encuentran en suelo entrerriano”, dice Busti.

A esto se suman las modificaciones por decreto de los plazos para apelar en materia de amparos dictados por Montiel (en los que luego debió dar marcha atrás) y el efecto del recurso de apelación, al que le quitó el carácter suspensivo para tornarlo devolutivo, de modo que no se podía exigir el cumplimiento de la sentencia de primera instancia hasta tanto los nueve miembros del STJ resolvieran la apelación.

REEMPLAZOS. El proyecto deroga otra disposición de Montiel que se juzga también tendiente a lograr una “composición adicta” del STJ. Es la que impide que los miembros de una sala reemplazar a los de las restantes en caso de licencia, excusación, recusación, etc. y tampoco que los camaristas subroguen a los vocales del Alto Cuerpo.

Para eso se confeccionó una lista de abogados como conjueces, nominados con acuerdo del Senado, que “se conformó —salvo contadas excepciones— por dirigentes del partido gobernante, ocupantes varios de ellos de funciones en la órbita de los poderes Ejecutivo o Legislativo por entonces, para que sustituyeran a los miembros del Superior Tribunal, desplazando a los propios integrantes del mismo y a los magistrados de carrera del Poder Judicial”, remarca Busti.

El proyecto vuelve al régimen anterior de subrogancia (los integrantes de una sala reemplazaban a los de otra y después seguían las salas de cámara) establecida por acordada, que ahora se plasma en una ley.

Y modifican la normativa para la designación de conjueces prohibiendo que lo sean funcionarios o quienes ocuparen cargos de jerarquía en los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. “Se trata de una regla ética política y respeto a la autonomía judicial, impúdica y vergonzantemente alterada por la ley 9.389/02”, sentencia Busti.

“Volver a la raíz del amparo”

“TODO LO HECHO POR MONTIEL tendía a lo mismo: matar el amparo. Primero porque lo manejaban sus amigos, porque en el pleno tenía la relación de cinco a cuatro, pero de por sí ya era muy engorroso que voten los nueve para cumplir con las 48 horas del amparo”, comentó la doctora Claudia Mizawak, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.

“Nosotros pretendemos volver a la raíz del amparo: un remedio excepcional, heroico, rápido, expeditivo. El recurso tiene que tener efectos suspensivos. Además creemos que la de la Sala I es la competencia más adecuada, aun cuando en más de una oportunidad esa sala ha rumbado políticas de gestiones como fue la 8.706”, abundó la funcionaria.