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Las autoridades de la Secretaría de la Producción consideraron oportuno dejar sin efecto el convenio y reclamar la devolución del inmueble dado que el carácter de funcionario provincial de Londra “contraría los más elementales principios de ética, equidad e igualdad de oportunidades, que pueden y deben serle exigidos a quienes son o han sido agentes o funcionarios del Estado”, según se argumentó en la resolución de marras. Tomará intervención en el caso la Fiscalía de Estado.

De acuerdo a la información que trascendió al respecto, este no es el único caso que se registra en estas condiciones. Incluso se menciona que el mismo ex legislador tendría vinculación con otra operación de esta naturaleza en otra isla, pero de mayor superficie. También, de acuerdo a información extraoficial, Londra habría arrendado estos campos, lo que está prohibido.

Un cálculo moderado sobre el margen de ganancia que deja un negocio de esta naturaleza indica que si pudieran pastar en esa isla 1.500 animales, a un costo de cuatro pesos mensuales por cabeza, la rentabilidad estaría en los 6.000 pesos por mes. Pero, más allá de esta posibilidad, y de que el mismo funcionario habría sido beneficiado por otra tenencia de miles de hectáreas, es necesario saber que el Estado tiene propiedad sobre unas 160.000 hectáreas de tierra de islas y que al menos 60.000 están en manos de privados. El principal uso económico es la ganadería.

Fuente: Diario Uno