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La CTA Entre Ríos expresa en el escrito su “preocupación frente a la situación provincial debido a las contradicciones que pueden advertirse entre el discurso del señor gobernador a la Asamblea Legislativa y algunas decisiones de su acción política”, advierte.

Continúa diciendo “a un mes y medio de solicitada una audiencia para tratar la urgente situación de los trabajadores desocupados que muchas veces terminan siendo prendas de clientelismo político a través de los planes sociales, la CTA no ha recibido otra respuesta que no sea el silencio”. Y sostiene que “frente a ello, se insiste en el reclamo de participar en el anunciado Foro Social y de Salud, del cual no ha habido más novedad que la frustrada fecha del 15 de enero como inicio de su funcionamiento”.

La entidad que nuclea a gremios y otras entidades sociales y de derechos humanos, expresa su “gran preocupación por el modo de funcionamiento de la Cámara de Diputados, en la que se observan indicios de abuso de poder, dado que la primera minoría a la fecha aún no he dado inicio a la labor parlamentaria de las Comisiones utilizando esa mayoría para aprobar, sin debate alguno, proyectos de ley de gran relevancia que hacen a la vida institucional de la provincia así como a las condiciones de vida de vida de los ciudadanos”.

Atinente al decreto 218, si bien se reconocen “ciertas diferencias con normas similares de gestiones anteriores”, la CTA entiende que la norma “no deja de vulnerar la situación de trabajadores”. En ese sentido, el plenario reclama de manera urgente la elaboración de un Régimen Jurídico Único para el empleado público, que reglamente su ingreso, su carrera, su estabilidad y su salario. “Ello, en el convencimiento de que es la única salida para evitar estas situaciones e impedir que los trabajadores se conviertan, como hasta ahora lo ha sido, en botín que guerra del partido gobernante. Asimismo, sigue exigiendo la revisión inmediata de todas aquellas situaciones que constituyan manifiestas injusticias”.

En relación con los alcances del proyecto de Ley sobre Reforma de Procedimientos Constitucionales que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados se concluyó que “dicha norma vulnera notoriamente los derechos de los ciudadanos que recurren a las garantías constitucionales como el amparo, dado el carácter suspensivo y no devolutivo que ahora adquirieren los fallos judiciales en primera instancia, a partir de su sanción definitiva”.

Respecto de la Caja de Jubilaciones, se reclama la participación genuina de los jubilados a través de la convocatoria a elecciones de este sector. Así también la cobertura de todos los órganos colegiados en la Administración del Estado, como el caso del Iafas.

Reforma política previo a la Constituyente

El Plenario concluyó que más allá de acordar con la necesidad de la modificación de la Carta Magna provincial, “de no realizarse previamente a la elección de convencionales constituyentes una reforma política de los mecanismos electorales, la ciudadanía puede ver nuevamente frustradas sus expectativas respecto de la elección de sus representantes. Este debe ser un tema de profundo debate en toda la sociedad”, sostiene la central.

La CTA Entre Ríos hizo público el repudio del asesinato de la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar) de la ciudad de Rosario, Sandra Cabrera, y la solidaridad con su familia y los compañeros de lucha. A la vez exige al Gobierno de Santa Fe que “disponga medidas que aseguren verdad y justicia en este caso mediante el juicio y castigo a los culpables de este crimen que muestra una vez más la persecución de los militantes sociales, propia de las peores épocas de nuestra historia y por ello, intolerable en la democracia”.

Finalmente, expresa la “preocupación a causa de las dificultades de conocimiento público que enfrenta hoy en ente del Incinipa en Paraná”. En ese sentido, el plenario respaldó ampliamente el trabajo realizado desde este espacio, “dado que se enmarca en la política de CTA en la que 3 millones y medio de votantes apoyaron como política de estado en reconocimiento de los derechos sociales”. Decidió asimismo apoyar el reclamo por su continuidad al gobierno municipal de Paraná e impulsar esta iniciativa en todas las mesas departamentales de la provincia.