Miércoles 04 de febrero de 2004
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Política
Para Rosario Romero "los funcionarios de Montiel pretenden justificar su desquicio"
“Me enorgullezco de haber litigado contra el Estado por la muerte de Eloísa Paniagua y Romina Iturain, de haber promovido amparos contra los decretos represivos, de haber promovido amparos por cobro de la coparticipación municipal, contra el...

E

n respuesta a manifestaciones del ex fiscal de Estado Sergio Avero sobre los honorarios profesionales que deberá abonar la Provincia. Y añadió que “el ex Fiscal Avero miente cuando irresponsablemente lanza cifras millonarias”.

La abogada aclaró que “nada de lo actuado merece el ataque de quienes pergeñaron y ejecutaron las políticas de muerte, discriminación, hambre, endeudamiento y postración de miles de entrerrianos. Deberían tener un poco de pudor, aquellos que generaron un estado desquiciado, en el que ningún servicio público funcionaba y aun por el cobro de lo básico había que litigar”.

Panorama

La legisladora remarcó que en la pasada gestión gubernamental, Entre Ríos “batió los récords de litigiosidad y encabezó el ranking de las provincias peor administradas”.

Y paso seguido enumeró “la renta vitalicia, el Decreto 158, el decreto represivo que penaba a quienes ejercían la protesta por no percibir haberes, la supresión de la semana de la memoria, la discriminación a través de la “comisión evaluadora”, la persecución del adversario por el solo hecho de pensar diferente, el Decreto 21 que suprimió la percepción de las cuotas sindicales, el bono federal para abonar deudas corrientes, el no pago a de los haberes de empleados públicos (administración central, docentes, policías), legislativos y judiciales, y lo más grave, la violación del derecho a la vida con las muertes del 20 de diciembre de 2.001”. Y recordó que “todos estos hechos, generaron los pertinentes, justos y dignos reclamos judiciales”.

Destacó el caso “Berterame” como “paradigma” de la gestión Montiel y su reacción ante los reclamos judiciales: “la Justicia se expidió a favor de Berterame y el reclamo de su integración a la Comisión de Salto Grande y el entonces gobernador no sólo desoyó el fallo del máximo tribunal provincial sino que además, en una suerte de provocación, intervino el ente y puso a dedo a una persona de su máxima relación. En este caso, no sólo desobedeció a la Justicia y asedió la institucionalidad provincial, sino que además amenazó con el juicio político a los miembros del Alto Tribunal que habían dictado una sentencia adversa a sus intereses personales” indicó.

Marco

De esa manera, Romero describió el cuadro de situación de la anterior gestión, lapso en el que, aseguró, “vivimos en una provincia plagada de irregularidades, desquiciada, en la cual el Poder Judicial pasó a funcionar en respuesta de los múltiples amparos promovidos por los agentes públicos afectados por el no pago de haberes, por intendentes que reclamaban el pago de la coparticipación, por agentes y gremios que atacaron la legalidad de la puesta en circulación del bono federal y además, por los ciudadanos y entidades que plantearon no sólo amparos sino acciones de inconstitucionalidad sobre las medidas absolutamente reñidas con el Estado de Derecho a las que Montiel nos llegó a acostumbrar”.

En ese marco, explicó, un grupo de abogados “nos convertimos –por diversas razones profesionales y políticas- en los representantes de los afectados. En lo personal, me enorgullezco de haber litigado contra el Estado por la muerte de Eloísa Paniagua y Romina Iturain, de haber promovido amparos contra los decretos represivos, por cobro de la coparticipación municipal, contra el bono federal, por los afectados de la Ley 9.235 y en reclamo del pago de los haberes de agentes públicos de los tres poderes del Estado, incluidos los jueces” reiteró.

Por último subrayó que “el ex Fiscal Avero miente cuando irresponsablemente lanza cifras millonarias. El es el directo responsable de los litigios absurdos, de los recursos de apelación irrelevantes, de los embargos que había que trabar para percibir lo justo. Debería callar, asumir sus responsabilidades y dar cuentas ante los organismos de contralor de su responsabilidad patrimonial frente a los entrerrianos por aquellos juicios que, pudiendo evitarse, no se evitaron.

Quienes ejercimos en nombre de los damnificados sus legítimos reclamos, nada tenemos para ocultar y todo para exhibir”.

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