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simismo estimó que la actual diputada nacional Rosario Romero percibiría el 50 por ciento de la cifra anunciada, es decir unos tres millones de pesos.
La judicialización de los reclamos salariales, que fue un común denominador durante la administración del ex gobernador Sergio Montiel, dejó una pesada herencia a las arcas del Estado provincial en honorarios que se deberán pagar a los abogados que patrocinaron a miles de empleados públicos, y que según cálculos rondaría los seis millones de pesos.
La falta de pago en tiempo y forma —al severo atraso que se profundizó en 2001 y 2002, le siguió la aparición del Federal como moneda de cancelación de sueldos— movió a los agentes estatales, activos y pasivos, a la presentación en masa de recursos de amparo, la vía más rápida para conseguir una respuesta de la Justicia. Así, se llegaron a acumular entre 30 mil y 50 mil causas contra el Estado.
Ayer, el sitio digital Diario Junio dio a conocer que uno de los estudios de abogados que consiguió reunir la mayor suma de dinero en honorarios a cargo del Estado corresponde al de la actual diputada nacional por el justicialismo Rosario Romero, que en su momento representó a una porción de agentes estatales de la Administración Central, y luego concentró las acciones de amparo de tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) contra la decisión del Gobierno de no pagar un reajuste salarial por la aplicación de la Ley de Enganche.
Romero representó a los tres miembros del STJ que resolvieron accionar contra el Gobierno: Carlos Chiara Díaz, Germán Carlomagno y Daniel Carubia, aunque después tomó el poder de un grupo importante de empleados del Poder Judicial.
Frente a ese planteo, la administración del gobernador Jorge Busti respondió con el dictado del Decreto 15, a través del cual el Poder Ejecutivo resolvió no apelar las sentencias que en primera instancia obtuvieron fallo favorable a los magistrados, empleados y funcionarios del Poder Judicial por el incremento salarial de un 32 por ciento, aunque suspendió su efectivización por 180 días.
Frente a la difusión de esa versión, un miembro del STJ dijo que “ese dato yo también lo manejo respecto de lo que cobró la doctora Romero en concepto de honorarios. La información me lo dio un grupo de empleados del área contable del Poder Judicial. Pero no creo que sea sólo por honorarios cobrados en representación de magistrados que accionaron contra la Ley de Enganche. Entiendo, sí, que debe ser como resultado de una serie de recursos promovidos por empleados de distintas áreas del Estado”, explicó el vocal, que accedió a ese puesto en los dos últimos años.
Más preciso resultó el ex fiscal de Estado, Sergio Avero, quien observó que “no se puede generalizar diciendo que todos los estudios de abogados se beneficiaron con los recursos contra el Estado. Diría más bien que fue un grupo, que centralizaban los amparos que presentaban los jubilados, los docentes, los agentes de la Administración Central, los judiciales y los empleados de organismos descentralizados”. Entre esos estudios, señaló los de Roberto Quinodoz, Héctor Fischbach, Marcelo Baridón y Rosario Romero.
Avero aseveró que durante la gestión Montiel se llegó a establecer un cálculo aproximado del monto que el Estado debió afrontar en concepto de pago de honorarios a los abogados, y ubicó esa suma en seis millones de pesos. “De ese monto total, el 50 por ciento, o quizá un poco menos, lo centralizó el estudio de Rosario Romero o abogados relacionados. Se estimó el monto en tres millones de pesos”.
El ex funcionario subrayó un hecho peculiar y es la “falta de criterio” que existió en la Justicia a la hora de regular honorarios a los profesionales, con pisos que se ubicaban en los 150 pesos y topes que podrían ubicarse en los 30 mil en acciones por cobro de sueldos de estatales. “Una de las pautas que suelen utilizar los jueces a la hora de regular los honorarios son los valores en juego. Y siempre advertíamos una actitud de no morigerar la litigiosidad.
Siempre se regularon no menos 150 o 200 pesos en honorarios por amparo, y de ahí para arriba. Pude ver expedientes en los que se fijó honorarios de 25 mil a 30 mil pesos a la doctora Romero. Se notaba que los jueces en primera instancia nunca tuvieron un criterio uniforme, aunque después, en apelación, el STJ morigeraba los montos”, señaló Avero.
Fuente: El Diario
